Los partidos que hoy se rasgan las vestiduras por la reforma electoral propuesta por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, son los mismos que aprobaron la desaparición del Instituto Federal Electoral (IFE), entre otros cambios a la Constitución promovidos por el presidente Enrique Peña Nieto en el marco del Pacto por México.

El PRI, PAN y PRD recibieron mayores prerrogativas y se repartieron los 11 asientos del Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo con el peso de cada uno en la Cámara de Diputados. La reforma de AMLO resulta inviable, pero es la primera que no surge de un conflicto poselectoral como los de 1988, 2006 y 2012.

En su ensayo, La Reforma Político-Electoral de 2014: Avances, Retrocesos y Vacíos, la investigadora Mariana Celorio, advierte que los cambios (impulsados por Peña y las cúpulas partidistas) se insertaron en crisis profundas de confianza y credibilidad en la partidocracia, el Gobierno y la representación política.

Los partidos –dice– representan más los intereses de las élites que los de la población. Entre las “enormes minorías” no representadas en los congresos cita a migrantes, inmigrantes, ancianos, enfermos crónicos y terminales, jóvenes sin empleo y madres solteras, homosexuales, transexuales y niños.

Uno de los efectos de esas crisis es el abstencionismo “descomunal”. En México alcanza 41%, solo superado por Colombia (56%) y Honduras (47%). El estudio se publicó en 2015, cuando se estrenó la reforma peñista.

Celorio Suárez advierte al respecto: “Un sinnúmero de actos de corrupción, tráfico de influencias, prácticas corporativas, escisiones ideológicas y fracturas internas son parte del escenario que cubrirá la arena electoral. (…) Por más atributos positivos y promesas democráticas que pudiera tener dicha reforma, el problema de fondo en México es la desconfianza en los partidos políticos y la desigualdad social”.

Maestra de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana, plantel Ciudad de México, Celorio Suárez cuestiona por qué, después de 10 reformas aprobadas en los 30 últimos años –pero sobre todo en la última década– “la democracia electoral no ha permitido garantizar la democracia participativa, una democracia real que dote de mecanismos reales a la representación ciudadana, canales de participación política, de interlocución entre fuerzas políticas y ciudadanía”.

Con respecto a la sustitución del IFE por INE, inquiere: “¿Qué tanto esta iniciativa corrompe el federalismo y fortalece el centralismo? ¿Por qué no se hizo a la inversa, fortalecer los órganos locales?”.

La propuesta de reforma del presidente López Obrador plantea sustituir el INE por el de Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, reducir de 500 a 300 el número de diputados federales, y de 128 a 96 el de senadores.

También pretende limitar el financiamiento a los partidos y suprimir los institutos locales electorales. La iniciativa ha generado un movimiento nacional contra su aprobación.

El Instituto Nacional Electoral es, con todo y sus fallos, el organismo con mayor nivel de confianza entre la población (59.6%) después del Ejército y la Marina (63.8%) y de la Guardia Nacional (60.5%) de acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el INE.

Los partidos son los menos confiables (2.5%). Para el presidente del INE, Lorenzo Córdova, el desafío de las fuerzas políticas consiste en no defraudar a la ciudadanía y que “con tolerancia, sensibilidad y congruencia contribuyan a mejorar la calidad del debate democrático y la percepción sobre la vida pública en el país”.