Andrés Manuel López Obrador ofreció barrer la corrupción “como las escaleras: de arriba hacia abajo”. Lo hace bajo la máxima popular de “A los amigos, justicia y gracia; y a los enemigos, la ley a secas” (falsamente atribuida a Benito Juárez, según el periodista Sergio Sarmiento). Empezó con la mafia del poder. El primer grupo lo forman una exsecretaria de Estado (Rosario Robles, por la Estafa Maestra) y un abogado influyente (Juan Ramón Collado, “el defensor de los poderosos”, por lavado de dinero y delincuencia organizada) a quien el Gobierno de Andorra le embargó 83.1 millones de dólares. Entre los amigos y clientes de Collado figuran los expresidentes Carlos Salinas y Peña Nieto; el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva; el cacique petrolero Carlos Romero Deschamps; el exdirigente panista Diego Fernández de Cevallos; y el expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Eduardo Fernández, acusado de lavado de dinero. Robles y Collado son los únicos entre rejas todavía.

La limpia siguió con un cachorro del neoliberalismo (Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por la compra de Agro Nitrogenados, 200 millones de dólares por encima de su valor) y un potentado (Alonso Ancira, dueño de AHMSA, por el mismo asunto). Lozoya sigue el proceso en libertad, en calidad de testigo protegido, y porta un brazalete electrónico para estar localizable. Ancira salió de prisión tras la firma de un convenio con Pemex para reparar el daño: pagará 216.6 millones de dólares divididos en tres años. En el pasado la regla era dar un golpe de efecto al principio del sexenio (Salinas de Gortari encarceló al líder petrolero Joaquín Hernández Galicia; y Peña Nieto, a la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo) y después olvidarse del asunto; jamás se recuperaba ni siquiera una fracción de los fondos desviados a cuentas particulares. Era como podar el árbol de la corrupción.

Para el presidente López Obrador, el acuerdo con el “rey del acero”, ahora sin corona, es un “hecho inédito” logrado por el fiscal general, Alejandro Gertz Manero. “Nosotros aquí, desde el principio, sostuvimos que se devolviera el dinero; importa mucho, para eso se creó el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado: que ese dinero regrese al pueblo” (El País, 20.04.21). Con respecto a Agro Nitrogenados, la recomendación presidencial consiste en destinar los 216 millones de dólares a la compra de fertilizantes para campesinos de Guerrero, Puebla, Tlaxcala y Morelos.

Los exsecretarios de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y de la Defensa, Salvador Cienfuegos, fueron detenidos en Estados Unidos en el mismo periodo, acusados de brindar protección y recibir sobornos del cártel de Sinaloa, entre otros delitos. García Luna aún espera sentencia, pero su nombre volvió a las primeras planas por el affaire Cassez-Vallarta, un caso de tortura, fabricación de culpables y montaje mediático difundido por el paladín de la libertad de expresión Carlos Loret de Mola en Televisa. El tema lo aborda al detalle Jorge Volpi en Una Novela Criminal. El Departamento de Justicia retiró los cargos contra el general Cienfuegos y lo extraditó a nuestro país, donde fue exonerado. Su captura provocó un roce diplomático y el enfado de las Fuerzas Armadas.

El 8 de julio de 2020, mientras los presidentes López Obrador y Donald Trump se reunían en la Casa Blanca, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, era detenido en Miami, Florida, por el Servicio de los Alguaciles Federales (US Marshals Service). Peña Nieto presumía a Duarte como uno de los “nuevos rostros del PRI”. La pandemia de coronavirus ha demorado la extradición del político, quien enfrenta cargos por el desvío de más de 6 mil millones de pesos y delitos electorales (Operación Safiro).