Ginebra, Suiza.- Los responsables de investigar el espionaje en México no deben tener juicios preconcebidos sobre las víctimas del hackeo, demandó la ONU.

“Los investigadores tienen que tener en cuenta que los defensores de derechos humanos y los periodistas no son enemigos del Estado”, dijo Elizabeth Throssell, vocera del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH).

La oficina del ACNUDH reiteró su llamado para llevar a cabo cuanto antes dicha investigación, la cual debe ser rápida, completa, imparcial y objetiva.

“Los posibles perpetradores de todas las instituciones que podrían haber adquirido el malware Pegasus deben ser incluidos en la investigación así como otros actores que podrían haberlo usado también”’, precisó Throssell.

REVISARÍA ASF COMPRA DE PEGASUS

De ser necesario, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) abriría una revisión del procesos de adquisición del malware Pegasus, que presuntamente fue usado por el Gobierno para espiar a periodistas y activistas.

El Auditor Juan Manuel Portal señaló que tuvo conocimiento público de que podrían solicitar su intervención inmediata.

Lo que le correspondería realizar a la Auditoría, explicó Portal, sería revisar el proceso de adquisición del software para verificar si se ajustó a las normas establecidas.

Por su parte, jesuitas latinoamericanos condenaron el presunto espionaje a miembros del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, fundado hace 29 años por la Compañía de Jesús, y exigieron al Gobierno federal castigar a los responsables y garantizar que la información que haya sido extraída de manera ilegal no sea utilizada indebidamente.

Congregados en la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe (CPAL), también demandaron que se garantice la integridad de Mario Patrón, presidente del Centro Prodh, y de otros miembros que encabezan la defensa de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

ESPIONAJE

» El lunes, organizaciones dieron a conocer que al menos 15 activistas, periodistas e investigadores del sector salud fueron objetivos del software, el cual fue desarrollado por una empresa israelí y fue adquirido por México.

ACUSACIÓN

» El senador Miguel Barbosa acusó directamente al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de ser el responsable.