TRES DÉCADAS DESPUÉS de la entrada en vigor del libre comercio en América del Norte, México produce más, exporta más y atrae más inversiones. Sin embargo, millones de trabajadores siguen atrapados en la informalidad, los bajos ingresos y la falta de seguridad social.
Esa es la contradicción que vuelve a aparecer ahora que se aproxima una nueva revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un proceso que inevitablemente pondrá bajo la lupa las condiciones laborales del país.
La organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que preside Rogelio Gómez-Hermosillo acaba de presentar una radiografía que dista mucho de la narrativa de éxito económico que suele acompañar las cifras de comercio exterior.
Según su más reciente Observatorio de Trabajo Digno, alrededor de 57 millones de mexicanos enfrentan alguna forma de exclusión laboral o precariedad, una cifra que revela la dimensión de un problema estructural que permanece vigente pese a más de treinta años de integración comercial con Estados Unidos y Canadá.
El dato resulta particularmente relevante porque el mercado laboral se ha convertido en uno de los temas más sensibles dentro de la relación económica entre los socios de Norteamérica. Hoy ya no basta con exportar más vehículos, dispositivos electrónicos o productos manufacturados. También importa bajo qué condiciones trabajan quienes participan en esas cadenas de producción.
El informe señala que de los más de 82 millones de mexicanos en edad y condiciones de trabajar, 21.7 millones permanecen excluidos del mercado laboral, mientras que casi 36 millones tienen una ocupación, pero carecen de acceso adecuado a la seguridad social. De estos últimos, más de 32 millones desarrollan actividades en la economía informal.
El empleo existe, pero una parte importante de ese empleo carece de los elementos mínimos para garantizar estabilidad económica y movilidad social.
Otro aspecto que llama la atención es el cuestionamiento a las cifras convencionales de desempleo. De acuerdo con Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, la desocupación real podría alcanzar 9.7%, equivalente a 6.5 millones de personas. La diferencia radica en que el análisis incorpora a quienes desean trabajar, pero han dejado de buscar empleo activamente ante la falta de oportunidades.
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