En el Capítulo II, relativo a la Competencia constitucional de las autoridades del trabajo de la Ley Federal del Trabajo, se encuentra el Artículo 527, el cual reza: “La aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades federales, cuando se trate de: I. Ramas industriales y de servicios: 1. Textil; 2. Eléctrica; 3. Cinematográfica; 4. Hulera; 5. Azucarera; 6. Minera;…” entre otras.

Como todos sabemos, o deberíamos saber, el miércoles 3 de agosto, por desgracia, nuevamente ocurrió un accidente en una mina de carbón ubicada en el área conocida como Conchas, cerca de la población de Agujita en el municipio de Sabinas, Coahuila, en la cual se encontraban trabajadores realizando labores dentro de la misma.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los mineros estaban trabajando a 60 metros de profundidad cuando se encontraron con un flujo de agua subterránea que provocó que el túnel se inundara y viniera abajo.

De inmediato, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se refirió a esta nueva tragedia minera como “triste caso”, y en su conferencia “mañanera”, informó que la Secretaría de la Defensa Nacional implementaría el Plan DN-III, y que conjuntamente la Coordinación Nacional de Protección Civil, trabajaría con autoridades locales, municipales y estatales, para el rescate de los mineros atrapados.

Días después, durante su visita a Sabinas, en la que supuestamente supervisó los trabajos de rescate de los 10 mineros que quedaron atrapados tras el derrumbe, el Presidente de México aseguró que habrá sanciones para los responsables de este accidente.

Horas más tarde, la Fiscalía General de la República dijo haber abierto una carpeta de investigación por los posibles delitos federales vinculados al derrumbe del pozo minero.

La FGR, informó que según para esa hora, ya habían realizado tareas de criminalística de campo, fotografía forense, entrevista de testigos, identidad de propietarios, así como de los trabajadores afectados.

Incluso, se atrevieron a decir que ya había pedido a la STPS, referencias sobre inspecciones realizadas en materia de seguridad laboral, obviamente efectuadas con anterioridad en la mina accidentada.

Es evidente, que con las declaraciones vertidas por el Presidente de la República, respecto a sancionar a los culpables, y las anunciadas por la Fiscalía General de la República, los coahuilenses debiéramos esperar un castigo ejemplar para aquellos que con tanta impunidad ostentan cargos políticos sin hacer lo que deben.

Y esto en el mejor de los casos, porque en la realidad, las recurrentes tragedias mineras en nuestro estado, no son por otra causa mas que, por la corrupción de los funcionarios federales titulares de la Secretaría del Trabajo, la Coordinación Nacional de Protección Civil, Secretaría de Economía, Secretaría de Energía y hasta la CFE, conjuntamente con el propio Ejecutivo federal de por lo menos las tres últimas administraciones (PRI, PAN y Morena), mismas que con su negligencia y corrupción han causado tanto dolor a los familiares de mineros en nuestro estado.

¿O amos a creerles que hay otros culpables?