Cuando todavía faltan cinco años para el vencimiento del contrato que dio origen a Aguas de Saltillo (Agsal), la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS) advierte sobre el riesgo de un albazo para extender la concesión y prolongar el negocio como sucedió con el sistema de Cancún-Isla Mujeres. El periodista Javier Mariscal aborda el tema en la nueva edición del bisemanario Espacio 4.

“La Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS), encabezada por el matrimonio de Rodolfo Garza y Gloria Tobón, se constituyó para oponerse a la privatización parcial de los servicios de agua y alcantarillado, promovida en 2001 por el alcalde Óscar Pimentel Gonzáles, en el Gobierno de Enrique Martínez. Pimentel ocupa actualmente la dirección del Instituto de Planeación de Saltillo. AUAS cuestionó desde un principio la constitución de Agsal, marcada por la falta de transparencia, la actitud permisiva de las autoridades municipales hacia la empresa y los cobros excesivos.

“Rodolfo Garza acusa la opacidad de la empresa: manipula cifras, emite datos contradictorios y maneja una política de ‘puertas cerradas’. Además de malos manejos, también ha incurrido en violaciones a la Constitución y al reglamento municipal, así como al contrato de asociación. Los consejeros, quienes están ahí como representantes sociales, hacen caso omiso de los reclamos, denuncia AUAS, ha presentado quejas ante tribunales internacionales en Viena, Barcelona y Perú. Ganó los tres casos, pues se reconoció que Aguas de Barcelona violenta la normatividad en México y en Saltillo, pero por no ser vinculantes, las autoridades ignoran las resoluciones.

“El activista dice que los intereses ocultos entre los alcaldes y la administración central de Agsal, podrían explicar la tolerancia a las irregularidades. Como regidor en 2018 –en la primera Administración de Manolo Jiménez– Garza pidió a Agsal informar sobre el gasto e inversión del municipio en asistencia técnica. No hubo respuesta. Recurrió al área jurídica municipal y presentó una solicitud vía Transparencia, pero también fue ignorado. A lo largo de estas dos décadas, por un tema de posible colusión con los alcaldes, Agsal ha tenido la oportunidad de violar normatividades, leyes, convenios y contratos firmados, denuncia.

“La empresa se constituyó bajo un proceso viciado”, afirma Gloria Tobón. El socio privado del Simas ya no es Agbar, sino la francesa Aguas de Suez. El contrato con Agbar fue siempre leonino. Si la asociación se disuelve, el municipio tendría que ir a tribunales internacionales donde por lo general se resuelve en favor de las transnacionales. El contrato de asociación contiene cláusulas que permiten a la parte municipal recuperar 9.8% de las acciones cada cinco años, pero en 20 transcurridos solo se ha recomprado el 4%. Saltillo tiene ahora el 55%, y Suez, el 45 por ciento. (…)

“Al socio privado no le conviene perder participación accionaria porque la empresa es muy productiva, a costa del bolsillo de los saltillenses, comenta Tobón. Otras arbitrariedades consisten en la emisión de información contradictoria y presumiblemente falsa en los reportes, así como alzas indebidas de tarifas. El contrato establece que los aumentos se aplicarán de acuerdo con la inflación, pero se registraron varios por encima de ese índice, sin tomar en cuenta al Cabildo. Esa violación grave, tampoco fue sancionada. A los alcaldes les conviene que la empresa maneje el agua, porque así se deslindan de los aumentos de tarifas, de la gente que no puede pagar, de las fugas y de los cortes del servicio, coinciden.

“AUAS rechaza tajantemente la renovación del contrato entre el Municipio y Aguas de Suez. La asociación Agsal, por 25 años, terminará en 2026. Sin embargo, Tobón teme que el Ayuntamiento y la empresa den un albazo, máxime cuando ya existe un caso: el sistema Cancún-Isla Mujeres entró en operación en 1993. Su vigencia sería por 30 años, pero fue renovado en 2014, nueve años antes de concluir. (…) Luego se supo la trampa: el Gobierno de Quintana Roo, cuyo titular era Roberto Borge (PRI), hoy en prisión, recibió mil 50 millones de pesos, asegura Tobón”.