Ciudad de México.- La magistrada Natalia Téllez, identificada como cercana a la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, enfrenta un posible obstáculo en su aspiración a encabezar la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados analizan si su registro como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la elección federal del año pasado la coloca en un supuesto de inelegibilidad. Aunque no obtuvo el cargo, la ley establece que quien haya sido postulado para un cargo de elección popular no puede aspirar a la titularidad de la ASF durante el año siguiente a su nominación.

El artículo 88, inciso V, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas señala como requisito “no haber sido postulado para cargo de elección popular durante el año previo al día de su nombramiento”.

La defensa de Téllez

En una carta enviada a los diputados, la magistrada sostuvo que el cargo de ministra no encuadra en la categoría técnica de “cargo de elección popular” prevista en la Constitución.

Argumentó que esa figura corresponde a posiciones con representación política y funciones de gobierno o legislación, como la Presidencia, diputaciones, senadurías o gubernaturas. A su juicio, la función jurisdiccional de la Corte no implica dirección política ni administración del gasto público.

Desde una interpretación teleológica, añadió, el objetivo de la restricción legal es impedir que alguien que haya participado recientemente en una contienda político-partidista asuma la conducción del órgano fiscalizador del gasto federal. “La función jurisdiccional de la Suprema Corte no implica administración política del gasto público ni dirección de políticas gubernamentales”, expuso en su misiva de once páginas.

Reloj en marcha

La comisión legislativa, presidida por el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Javier Herrera Borunda, cuenta con 48 horas para resolver si Téllez puede continuar en el proceso.

No es el único caso bajo revisión. De los 92 aspirantes registrados para dirigir la ASF, 21 expedientes presentan inconsistencias, entre ellas la falta de carta de no antecedentes penales federales, comprobantes de experiencia mínima de diez años o documentación en el formato requerido.

Una vez solventadas las observaciones, la comisión definirá quiénes avanzan a la etapa de entrevistas y, posteriormente, integrará la terna que será votada en el pleno el próximo 11 de marzo.

La decisión sobre Téllez podría marcar el tono del proceso: no solo está en juego un nombre, sino la interpretación de los límites entre lo electoral y lo jurisdiccional en la designación del máximo órgano de fiscalización del país.