Ciudad de México.- El Tribunal Electoral analizará las primeras 20 demandas de abogados que reclamaron haber sido excluidos de la etapa de elegibilidad de la elección judicial, en las que dos magistrados proponen desechar sus juicios, declararlos improcedentes, sin materia o con cambio de situación jurídica porque al final sí fueron considerados para la siguiente etapa, por lo que a ninguno se le da la razón.

Los magistrados Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez Mondragón hicieron públicos los proyectos que agrupan las primeras demandas de 20 abogados y abogadas excluidas de las listas de elegibilidad de los Comités de Evaluación para alguno de los cargos en juego en la elección judicial.

En ninguno se les da la razón a las impugnaciones porque en nueve demandas, los propios Comités de Evaluación del Poder Legislativo y Ejecutivo reconocieron que hubo un error al revisar los documentos y al final sí los aceptaron; dos presentaron su demanda fuera del tiempo legal, tres no firmaron su juicio por lo que es improcedente y otros tres ni siquiera pudieron probar que se registraron.

En otros tres casos: uno de los abogados no pudo probar que sí se cargó su documentación y concluyó el registro, otro se desistió y uno más alegó medidas afirmativas de diversidad sexual, que no exige la Constitución.

Comité del legislativo reconoce errores de revisión 

Los errores y publicaciones tardías del Comité de Evaluación del Poder Legislativo cambiaron la situación jurídica de las primeras nueve demandas de personas excluidas en la lista de elegibilidad para lograr una candidatura en la elección judicial, pues sus propios integrantes enmendaron su error, sin necesidad de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenga que emitir una sentencia ordenándoles corregir.

El primer proyecto a cargo del magistrado Felipe de la Mata Pizaña agrupa 15 demandas, de éstas, siete son de personas que tienen un cambio de situación jurídica: Ulises Carlín de la Fuente, Hugo Aguilar Ortiz, Irma Paz Contreras Yáñez, Jorge Mendoza Ruiz, Fernando Eduardo Alpuche Ojeda y Héctor Javier Aguilar Rodríguez quienes impugnaron contra el Comité de Evaluación del Legislativo, y Jorge Jannu Lizárraga Delgado contra el del Poder Ejecutivo.

Todos estos perfiles alegaron “la no inclusión” a pesar de haber cumplido con todos los requisitos y documentos solicitados, que hubo errores en la revisión y que los Comités no cumplieron con la exhaustividad que exige la Constitución al momento de revisar sus documentos.

En el caso de los juicios en contra del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, todos los implicados aparecieron en la lista complementaria que se publicó fuera del plazo legal el 17 de diciembre, en la que incluyeron a tres mil 817 personas adicionales.

Ulises Carlín de la Fuente obtuvo el lugar 15 para el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Irma Paz Contreras Yáñez el lugar 650 para magistratura de circuito y Héctor Javier Aguilar Rodríguez el lugar 360 también para una magistratura de circuito.

En los casos de Hugo Aguilar Ortiz, Jorge Mendoza Ruiz y Fernando Eduardo Alpuche Ojeda el Comité de Evaluación del Legislativo reconoció ante el Tribunal Electoral que no realizaron una revisión correcta en la primera lista, tal como acusaron los implicados en sus demandas.

“De un nuevo análisis exhaustivo a la documentación, contrario a la revisión inicial, el promovente sí acredita los requisitos y la documentación. Se revoca la decisión y se admita al aspirante para ser elegible”, explicó el Comité.

Y en el caso de Jorge Jannu Lizárraga Delgado, el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo reconoció que a diferencia de lo que se acusó al excluirla, en realidad “sí contaban con las firmas electrónicas en todos sus documentos”, por lo que “se le notificaría por correo electrónico su inclusión”.

Los mismos argumentos se repiten en dos proyectos del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón sobre las demandas de los abogados Ariel Efrén Ortega Vázquez y Alan Christopher González Padilla.

En el primer caso, él mismo se desistió porque apareció en la lista complementaria del Comité de Evaluación del Legislativo, y en el segundo, se propone declarar sin materia porque también fue incluido y sigue en el proceso.

Las demandas de otros dos abogados: Cuauhtémoc Castañeda Gorostieta y Ricardo Enrique López Rueda se propone desechar por extemporáneos pues presentaron sus juicios fuera de los plazos legales. Y a los abogados Ricardo García Contreras, Salvador Alberto Nessri Valverde y Fernanda Maldonado Compagny se les olvidó firmar sus demandas, por lo que tampoco son procedentes.

Impugnaron, pero comité asegura que ni siquiera se registraron 

Entre las demandas que se hicieron públicas, están las de un grupo de abogados que alegaron que se les había excluido de manera injustificada, pero el Comité de Evaluación del Poder Legislativo asegura que no existe ninguna evidencia de que si quiera se hayan registrado en el proceso.

Es el caso de Juana Luna Nava y Pedro Ángel Pérez Camacho, este último incluso con dos demandas ante comités distintos, los comités respondieron al Tribunal Electoral que estos aspirantes, “en ningún momento se registró en ninguna de las plataformas que se pusieron a disposición de los ciudadanos aspirantes de este Comité de Evaluación del Poder Legislativo para su registro”.

El proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña agrega que además, “los promoventes tampoco aportan mayores elementos de convicción respecto a que efectivamente hubiesen realizado su registro en las plataformas”, por lo que se declara la inexistencia material del juicio.

Lo que se repite en el caso de Octavio García Fuentes quien acusó que ni siquiera fue notificado de la exclusión del proceso, por lo que se violaban sus derechos para defenderse.

“Sin embargo, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo dijo que no tenía registro alguno del actor ni conocimiento de la recepción de su documentación”.

Mientras que Daniel Sánchez Quintana mejor presentó un desistimiento para no continuar con su demanda.