El gobierno de Coahuila y la Fiscalía General del Estado mostraron oficio en el manejo de crisis al dar a conocer datos preliminares sobre la muerte de Cris Hernán. No fue casual que el fiscal Federico Fernández Montañez saliera a dar la cara acompañado de los padres del joven y del abogado de la familia: ese gesto, más que cualquier boletín, marcó distancia de la opacidad y cerró filas con quienes debían estar al centro del caso.
En otros contextos se habría optado por un comunicado frío y escueto; aquí, la presencia del fiscal junto a la familia dejó poco margen para la especulación sobre el rumbo de las indagatorias. Lo demás son percepciones alimentadas por el mal manejo del tema desde el gobierno municipal y por intentos de algunos actores políticos de meter presión donde no corresponde. Al final, lo relevante fue esclarecer los hechos y priorizar el respeto y la tranquilidad de la familia.
Por cierto, Federico Fernández salió temprano a redes este sábado para descartar la difusión de los videos de vigilancia del Centro de Justicia Municipal, en los que se acredita la muerte accidental de Cris Hernán. El material, como se informó, se mostró únicamente a la familia y al abogado, y hasta ahí.
Los reclamos de algunos actores políticos, entre ellos el diputado Antonio Attolini, chocan con un principio básico: el respeto a la familia del joven fallecido. Exigir que el material se haga público no abona a la verdad ni a la justicia; alimenta la curiosidad y la presión política, justo lo contrario de lo que el caso requiere, ¿o no?
Desde julio del año pasado se advirtió en Plaza Mayor que algo sospechoso ocurría en el Centro de Justicia Municipal, desde que el alcalde Román Alberto Cepeda designó a Martha Rodríguez Romero como coordinadora. La muerte de Cris Hernán terminó por detonar señalamientos sobre presuntos malos tratos, incluso golpes, en contra de personas detenidas, con acusaciones directas a los celadores, contratados de manera independiente por decisión de la propia Rodríguez Romero.
Al caso de Cris Hernán se suman otras muertes que la autoridad municipal dejó en el terreno de la duda: Jonathan Alexis, en 2024, y Fernando, un año después. De ahí que el reclamo social resulte claro: alguien debe poner un alto y meter orden en una dependencia que opera como si fuera autónoma, encabezada por una titular poco acostumbrada a rendir cuentas.
¿Quién es la funcionaria municipal que atropelló a un motociclista y huyó del lugar del accidente? Se sabe que pertenece al primer círculo de “Robán”.
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