En lo que va del año, la funcionaria ha difundido comunicados y posicionamientos para denostar la actuación del Poder Judicial, sus ministros, magistrados y jueces.

Apenas el 10 de noviembre, cinco días antes de que Ríos González fuera nominada en la terna de candidatas a la Corte, la Consejería emitió un pronunciamiento en el que acusó a jueces y magistrados del PJF de negarse a devolver los recursos públicos de 13 fideicomisos extintos para construir un fondo de ayuda para Acapulco.

También los señaló de conflicto de interés y violación al principio de imparcialidad.

En octubre, la Consejería presionó públicamente a la presidenta de la Corte, Norma Piña, para demandar que no retrasara la aplicación de la justicia en el litigio que mantenían los Gobiernos de Coahuila y Chihuahua para frenar la distribución de Libros de Texto Gratuitos (LTG) de la SEP, para educación básica.

El 27 de septiembre ya había exigido a la Corte resolver a la brevedad la controversia interpuesta por las autoridades chihuahuenses.

El 18 de agosto,  emitió un comunicado en el que acusó al Ministro Luis María Aguilar de cometer un atropello por ordenar la suspensión del reparto de los ejemplares.

Ese mismo mes reclamó a la Corte que confirmara la validez de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, tras denunciar que una oligarquía académica y política pretendía la nueva ley del Conhacyt “para mantener sus privilegios”.

También lanzó críticas a los Ministros, a quienes advirtió que podrían afectar los derechos de miles de burócratas, si aceptan la pretensión de “un grupo minoritario de senadores” para invalidar una reforma a la Ley del ISSSTE.

En junio, la funcionaria denunció públicamente que el proyecto de sentencia del Ministro Javier Laynez, contra el denominado Plan B o Reforma Electoral, vulneraría el principio de imparcialidad, ya que se planteaba la invalidez total del decreto, sin entrar al estudio de fondo.

Además, acusó a la Corte de poner en peligro el equilibrio entre los poderes de la unión por invalidar la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas indebidas en materia de Contratación de Publicidad, impugnada por irregularidades en el proceso legislativo.

En abril, la Consejería demandó a la Corte revocar la suspensión otorgada al INE para que no entrarán en vigor las disposiciones contenidas en el llamado Plan B.

La ahora aspirante a la Corte también se ha lanzado contra de otros integrantes del Poder Judicial.

En marzo de este año, acusó a la magistrada electoral Janine Otálora de violar el artículo 17 de la Constitución por prejuzgar y anticipar públicamente su postura en favor de la permanencia de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE.