En marzo de 2014, se promulgó la Ley Federal de la Consulta Popular y en ella se establece las reglas de este instrumento de participación ciudadana. En resumen las reglas establecen que la puede solicitar, el Presidente de la República, el Congreso o al menos 2% de ciudadanos del inscritos en el padrón electoral.

Para su organización, primero, la Corte revisa la constitucionalidad de la pregunta, el Instituto Nacional Electoral es el encargado de organizarla y de recoger la votación; casi con los mismos requerimientos que una elección normal, se celebra el primer domingo de agosto, y se instalan casillas con directivas insaculadas y capacitadas de entre los ciudadanos de determinada sección electoral, los votantes se identifican con su credencial, se anota el “voto” en el listado nominal, etc. ¡Ojo! Para que el resultado sea vinculante debe participar al menos 40% del padrón electoral nacional.

Respecto a la consulta próxima a efectuarse en este 2021, que fue solicitada por el Presidente de la República, proponía la siguiente pregunta:

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso, sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, durante y después de sus respectivas gestiones?”

A final de cuentas, en la revisión que hizo la Suprema Corte a la pregunta, esta la aceptó (sinceramente pensé que la rechazaría y cancelaría, dada la clara violación de derechos y la no “trascendencia nacional” como dice la Ley que debe ser el carácter de la consulta) y cambió la redacción de la pregunta para que aparezca así en la boleta:

“¿Está de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

El discurso del Presidente es tramposo y engaña, ya que dice que la consulta es para ver si se enjuicia a los expresidentes: a Salinas por las privatizaciones, a Zedillo por el Fobaproa, a Fox por traicionar la democracia, a Calderón por la guerra al crimen organizado y a Peña por corrupción. Y la verdad es que, al final la pregunta no es esa, ademas de que en el caso de los posibles delitos que pudieron haber cometido, ya prescribió la acción penal para todos con excepción de Calderón (para algunos tipos penales) y para Peña Nieto.

El problema es el siguiente, supongamos que participe al menos 40% del electorado y que el planteamiento de esta “nueva pregunta” sea vinculante, esto sería quizá más peligroso y dañino para el país que con la “pregunta original”. La pregunta que fue propuesta por el presidente de la Corte tiene un alto grado de perversidad. Explico:

“iniciar un proceso para explicar, aclarar o resolver las decisiones políticas, tomadas por los actores políticos”. Para empezar ¿a qué poder le corresponde hacer este esclarecimiento?, al Judicial, al Legislativo o al Ejecutivo. Lo más seguro es que como es de carácter político esta faramalla, seguramente se lo apropiará el Poder Ejecutivo y en algunos temas el Legislativo, para polarizar lo mas posible el tema.

Esta consulta, insisto, en caso de ser vinculante, ¿qué es lo que le permitiría hacer al Gobierno de AMLO? Por ejemplo podría abrir una comisión de la verdad para esclarecer el Fobaproa, o una comisión para esclarecer “la guerra de Calderón”, etc.

Lo que supondría todo un espectáculo que duraría al menos dos años y mantendría un distractor más de los problemas nacionales y la narrativa de que el pasado fue muy malo, por eso se necesitaba la 4T.

Estoy de acuerdo, con que se castiguen las omisiones, actos de corrupción, y demás, particularmente los ocurridos durante la gestión de Peña Nieto que encabezó el sexenio más corrupto del que se tenga memoria, pero, para ello no se necesita una consulta, es obligación de la autoridad perseguir y castigar los delitos de los que tiene conocimiento. No olvidemos que independientemente de simpatías con partidos políticos, el grueso de los mexicanos sí quieren que se lleve a juicio a los expresidentes, pero ¿para qué tanta maroma y teatro?

Como ciudadano, espero que en este ejercicio exista la menor participación posible, y durante el proceso al unísono exigir que, conforme a la ley, inicie procesos contra aquellos expresidentes que tengan elementos que presuman la comisión de delitos.

Cumplir la ley no puede estar sujeto a una consulta. No se necesita consultar al pueblo para que AMLO pueda romper los posibles pactos de impunidad con actores del pasado, ¡que se castigue a todos los que le robaron a México! Y mucho menos estoy de acuerdo con que se tiren 500 millones de pesos en un ejercicio inútil, mejor que se dediquen a comprar medicamentos para los niños con cáncer.

Presidente ya deje el circo y aplique la ley, inicie juicio contra los funcionarios señalados de corrupción, inícielo para expresidentes en donde existan elementos.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional
desde 2008. Exdiputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.