Ciudad de México.- Más de 50 medios públicos y sociales de México y América Latina expresaron su “profunda preocupación” por los daños detectados durante las primeras evaluaciones técnicas realizadas en la Videoteca de Canal Once, tras la recuperación de sus instalaciones, luego de más de dos meses de ocupación por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

En un pronunciamiento conjunto, señalaron que las afectaciones no representan únicamente la pérdida de materiales audiovisuales, sino un daño al patrimonio documental, histórico y cultural del país.

“La Videoteca de Canal Once resguarda 67 años de memoria audiovisual de México, incluyendo registros irrepetibles de la vida política, científica, educativa, social y cultural del país”, destacaron.

Los organismos recordaron que entre los acervos resguardados se encuentra el archivo del programa Aquí nos tocó vivir, conducido por Cristina Pacheco, inscrito desde 2010 en el Registro Memoria del Mundo de México de la UNESCO, por su valor documental.

Piden investigaciones con rigor técnico

Los medios públicos advirtieron que la imposibilidad de acceder oportunamente a las instalaciones para realizar labores de mantenimiento y conservación representó un riesgo para uno de los acervos audiovisuales más importantes del país y consideraron que ese riesgo “comienza a materializarse”.

Por ello, solicitaron que las investigaciones en curso se desarrollen con el máximo rigor técnico y jurídico para determinar el alcance de las afectaciones, además de convocar a organismos nacionales e internacionales especializados en la protección del patrimonio documental y audiovisual a acompañar este proceso.

Asimismo, reiteraron su compromiso con la preservación de la memoria audiovisual de México, al señalar que su conservación constituye un deber con las generaciones presentes y futuras.

Estudiantes rechazan acusaciones

Por su parte, integrantes del movimiento estudiantil del IPN difundieron un pronunciamiento del Consejo Mundial de Naciones, organismo que se presenta como observador y defensor de los derechos humanos, en el que expresó su solidaridad con los estudiantes tras el desalojo de Canal Once.

El documento sostiene que durante el operativo se vulneraron derechos humanos y el debido proceso, por lo que pidió que no se criminalice ni se emprendan represalias penales o administrativas contra los participantes en la ocupación.

Los estudiantes reiteraron que no ocasionaron daños al acervo audiovisual y afirmaron que el secretario general del IPN, Ismael Jaidar, rompió la mesa de diálogo celebrada la noche del martes. También criticaron que el director general del Instituto, Arturo Reyes Sandoval, no se haya presentado a dialogar con el movimiento.