Saltillo, Coah.-  En Coahuila ha disminuido la incidencia de víctimas y mejorado la percepción de la población en torno a la corrupción, aun así, los números son altos, pues tres de cada cuatro habitantes consideran que el problema persiste, por lo que aún queda mucho trabajo por hacer, confirmó Jafia Pacheco Valtierra, presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental desarrollada por el Inegi, publicada en este 2022, 11.4% de los coahuilenses dice haber sido víctima de algún acto de corrupción. 

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Estamos enfrentando uno de los tres principales problemas a nivel estatal. Tenemos más de 900 actos de corrupción diarios en Coahuila, que tienen que ver con diversos trámites; hay más de 300 personas que todos los días sufren algún hecho de corrupción según la encuesta. No podemos tomar los datos de manera desfasada, esas cifras”, afirmó.

Según la encuesta del Inegi, en Coahuila la incidencia sobre actos de corrupción bajó 25.5% en los dos últimos años.

La percepción de este mal entre la población estatal pasó de 85 puntos porcentuales de 2017 a 77.7 puntos en 2021, lo que significó una reducción del 7.3% desde que se creó el Sistema Estatal Anticorrupción.

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El Sistema Anticorrupción ha avanzado en los temas de prevención y combate, que permite trabajar a cada institución de manera individual que permite avanzar en la justicia administrativa, en datos de corrupción en contra de los gobernados por parte de las autoridades”, aseveró Jafia Pacheco Valtierra.

La consejera presidente advirtió que las cifras permiten ver un panorama, donde hay retos para el Sistema, desde su instalación en 2017.

Como dato adicional, reconoció que solo 59 personas de cada mil víctimas en Coahuila se atreven a denunciar, por lo que también se debe trabajar por generar instituciones que brinden mayor confianza para los ciudadanos.

Según la encuesta, los hechos más comunes de corrupción en la entidad tienen que ver con trámites ante el Ministerio Público y con créditos de vivienda o programas sociales.