Si la megadeuda pudo sepultarse en el foso negro de la impunidad, ¿por qué no sucedió lo mismo con las masacres de Allende y Piedras Negras y las desapariciones forzadas perpetradas en Coahuila en el periodo 2005 y 2016? No porque el Gobierno dejara de echar mano de todos los recursos a su alcance, sino por las denuncias, investigaciones y presión de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación del país y el extranjero. Los crímenes ocurridos durante la “docena trágica” forman parte central del informe sobre México, que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) presentó el 2 de abril en Ginebra, Suiza, donde tiene su sede.

La intervención de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ha sido crucial para que el CED solicite al secretario general de la ONU exponer la situación en México a la Asamblea General de manera perentoria. “[…] principalmente a la luz de los patrones observados y de casos documentados, tomados como ejemplos paradigmáticos en Coahuila, entre 2009 y 2016”, dice el punto 38 del dosier. Asimismo cita a Nayarit y Veracruz; y por casos más recientes, a Jalisco.

En 2017, la FIDH presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) el informe “México: desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza”. Advierte que entre 2009 y 2016 (periodos que comprenden las administraciones de Humberto Moreira, Jorge Torres y Rubén Moreira): “Las autoridades estatales responsables de la seguridad han cometido crímenes de forma conjunta con Los Zetas en un contexto de innegable colusión”. Y “directamente a través de las fuerzas especiales”.

En la masacre en Allende, “la evidencia sugiere que no sólo el Municipio, sino también el Gobernador de la época estaba al tanto de lo que se preparaba”, y que el cártel contó “con la pasividad e incluso la cooperación de las fuerzas de seguridad”. El comunicado señala que en el penal de Piedras Negras, “al menos 150 personas habrían sido asesinadas allí, y sus cuerpos […] quemados o disueltos en cubos con ácido”. La FIDH deja en manos de la CPI “determinar si las autoridades mexicanas emprendieron o van a emprender acciones legales para juzgar a los autores o cómplices de crímenes contra la humanidad, entre los cuales figuran altos funcionarios y figuras públicas”. En su informe reciente, el CED concluye: “existen indicios fundados de que se han perpetrado y se siguen perpetrando desapariciones forzadas en el contexto de varios ataques generalizados o sistemáticos llevados a cabo en México, es decir, como crimen de lesa humanidad”.

En los periodos de “innegable colusión” en que ocurrieron los crímenes de lesa humanidad, denunciados por la FIDH, Rubén Moreira controlaba la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Primero como presidente, y después como Gobernador, a través de Miriam Cárdenas y Armando Luna, previamente nombrados por él como titulares de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila. El moreirato estaba blindado. Como parte de la misma estratagema, el Gobierno creó la Academia Interamericana de Derechos Humanos y la dotó de jugosos presupuestos. El ombudsman nacional, Raúl Plascencia, cuyo silencio sobre las masacres en el estado fue estentóreo, recibió en el mismo lapso el doctorado honoris causa. La obra laudatoria que Moreira publicaría con los logros de su administración en materia de derechos humanos, no salió a la luz. Antes de su lanzamiento, la FIDH ya había puesto al tanto de la CPI los crímenes de lesa humanidad cometidos en Coahuila.