El capo de la verdadera mafia está en el poder. Desde allí, ordena a sus gatilleros la ejecución virtual de aquellos cuya labor se vuelva incómoda. Lo hace desde su tribuna privilegiada. Acusa con mentiras tan grandes como la afirmación de que las organizaciones civiles defensoras de los Derechos Humanos, e incluso la propia ONU y la OEA, guardaron silencio en torno a las masacres del pasado.

Afirmaciones falsas como esa son interpretadas como una orden para atacar, tal como hacen desde medios a modo, apoyados por legiones de bots en las redes sociales, contra la organización ciudadana MCCI (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad).

Contralínea, un medio afín a la 4T, presentó una supuesta investigación en la que acusan a MCCI de transferir fondos a Suiza. Independientemente de si es o no un delito que un particular mueva sus recursos a un destino extranjero, el medio muestra pruebas que refieren a los años 2009 a 2013, fechas en que la Organización de la Sociedad Civil ni siquiera había sido fundada, pues esta, apenas se constituyó en 2015. Por tanto, MCCI no puede ser autor del delito –si este realmente existe– que se le imputa.

Sin importar de que se trata de una mentira flagrante, las hordas financiadas –y las engañadas– por la 4T, desataron un ataque furioso en redes sociales y medios digitales, divulgando las falsedades publicadas por Contralínea.

La pregunta obvia es, ¿por qué? ¿Qué motiva a López Obrador a ordenar la ejecución de una organización cuyo trabajo reveló la enorme corrupción del Gobierno de Peña Nieto? La respuesta es sencilla. MCCI sigue haciendo exactamente lo mismo que realiza desde su creación: vigilar a quienes gobiernan.

De manera reciente publicó un documento que, entre otras cosas, contiene un compendio de los casos emblemáticos de corrupción sucedidos en estos dos años y fracción que lleva López Obrador al frente del Gobierno mexicano; casos en los que MCCI ha tenido participación, ya sea investigando o dando seguimiento al actuar de las autoridades.

Son en total 16. Figuran, entre otros: el de quien fuera superdelegado de Guerrero, Pablo Sandoval (hermano de la secretaria de la Función Pública) por la denuncia que tiene por el uso indebido de recursos públicos. El de Carlos Lomelí, superdelegado en Jalisco a quien se le investiga por diversos delitos de corrupción.

También están los casos de Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional del Deporte, por su presunta participación en diversos actos de corrupción; la integración ilegal de un fideicomiso, por parte de Morena, para supuestamente ayudar a las víctimas del sismo de 2017; las propiedades no declaradas por Manuel Bartlett; la compra de ventiladores, con 85% de sobreprecio al hijo de Bartlett; los casos de Pío y Felipa, el hermano y prima incómoda de AMLO respectivamente.

Como puede observarse, lo que a López Obrador no le gusta de MCCI es que lo muestren tal cual es: no igual, sino peor que el anterior. Desconozco si Claudio X. González ha cometido o no algún delito; para eso están las autoridades. Lo cierto es que él ya no pertenece a esa Organización.

Lo cierto, también, es que AMLO, en lugar de barrer escaleras; prefiere dar la orden de matar al mensajero que le muestra la mugre.