A pesar de los intentos legales por recuperar su propiedad, Juana lleva más de dos años atrapada en un laberinto burocrático que, asegura, favorece más a los invasores que a los legítimos propietarios.
La vivienda, ubicada en el circuito de Las Rocas número 30, fue adquirida mediante un crédito de INFONAVIT tras años de trabajo. Cuando Juana decidió ponerla en renta para ayudarse económicamente, una mujer identificada como Verónica se presentó interesada en el inmueble. Apenas tres meses después, la arrendataria dejó de pagar y se negó a salir.
“ Un día me llamó para decir que no tenía para la renta y luego me colgó”, relata Juana.
“ Fui a mi casa, y ya ni me abría; cuando fui con mi pareja, ella dijo que no me conocía y que el trato era con él”, agregó.
Un proceso largo y costoso
El delito que enfrenta Juana se llama despojo. Aunque pareciera lógico exigir la devolución inmediata del inmueble, la ley impide al propietario tomar acciones directas. El proceso legal exige acercamientos, acuerdos o juicios civiles, como el reivindicatorio, que suelen ser largos y costosos.
“ Fui a la Fiscalía, al Cereso, al Poder Judicial… un abogado me pidió 15 mil pesos solo para iniciar”, lamenta.
Harta, intentó cancelar el crédito con INFONAVIT, pero la institución le informó que tampoco era posible.
El INFONAVIT no da salida
En su intento por detener el daño, Juana acudió a INFONAVIT con las escrituras originales en mano.
<blockquote class=”cita w-clearfix”><span class=”quote-inician”>”</span> <span class=”contenido-quote”>Les dije: ya no quiero el crédito, cancélenmelo. Me respondieron que lo mejor era hacer un traspaso, porque si la mujer no se quiere salir, no hay poder humano que la saque”, señala.</span></blockquote>
La frustración aumentó al saber que, además de perder la casa, la inquilina se apropió de los muebles y electrodomésticos incluidos en la renta.
Renuncia a su trabajo por impotencia
Cansada del abuso y de seguir pagando por algo que ya no le pertenece, Juana tomó la dolorosa decisión de renunciar a su trabajo.
“ No podía seguir permitiendo que me descontaran cada quincena por una casa que otra persona disfruta”, explicó.
Asegura que su caso es un reflejo de cómo el sistema abandona a los trabajadores que luchan por un patrimonio.
“ Tantos sacrificios para que alguien llegue, se adueñe, y uno no pueda hacer nada… ¿Qué tengo que hacer, conseguir una pistola y sacarla a balazos?”, cuestiona indignada.
Invasores con más derechos
Lo que más la indigna es que su presunta invasora se siente respaldada por un nuevo programa nacional del INFONAVIT, que permitiría a personas en situación irregular convertirse en propietarios.
“ ¿Y nosotros qué? Los que trabajamos, los que pagamos, ¿en qué lugar quedamos? Las leyes los protegen más a ellos que a nosotros”, sentencia Juana, quien hoy solo busca que su historia sirva de advertencia para que nadie más pase por el calvario que ella ha vivido.
