Ocampo, Coah.- “Yo no quiero ser una más de la estadística, yo quiero vivir para criar a mi hija”, dijo con voz entrecortada y el temor reflejado en cada palabra, Tania Campos, joven originaria de Ocampo, que rompió el silencio para denunciar públicamente lo que afirma, han sido 12 años de hostigamiento, agresiones y amenazas de muerte por parte de su expareja Jorge Manuel Hernández Herrera, sin que las autoridades competentes hayan logrado frenar la violencia.

Desde el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Frontera, institución a la que recurrió en 2016, Tania ha interpuesto fácilmente cerca de una docena de denuncias, sin embargo, afirma que en todo este tiempo la única respuesta ha sido una y otra vez la expedición de órdenes de restricción, medidas que su agresor ignora con total impunidad, sin que nada ni nadie lo pueda detener.

Historia marcada por la violencia

Tania convivió con su expareja apenas un año y medio, periodo que coincidió con el embarazo de su hija y meses después del nacimiento. En ese tiempo, dice, sufrió golpes incluso durante la gestación.

“Desde entonces decidí separarme, él nunca se hizo responsable de la niña ni económicamente ni de ninguna otra forma, lo único que ha hecho en estos 12 años, edad que tiene mi hija, es hostigarme, agredirme y amenazarme a mí, a mi hija y a mi familia”, relata.

Las agresiones han ido en escalada: insultos, amenazas de muerte, intentos de atropellarla, hostigamiento en su domicilio familiar y hasta un episodio en el que intentó incendiar la casa de su madre.

“A veces toca las puertas en la madrugada, a veces me agrede en la calle, me golpea, no sólo me ataca a mí, también busca intimidar a mi familia, me manda mensajes, audios ofensivos y a mi hija la insulta igual o peor que así cuando anda drogado”, cuenta Tania.

Denuncias sin resultados

La primera denuncia formal la interpuso en 2016 en Frontera, desde entonces, asegura, ha presentado entre 8 y 12 denuncias tanto en el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, como en la Fiscalía, y a nivel local, sin poder lograr algún resultado, pues nadie hace nada.

El resultado siempre ha sido el mismo: órdenes de restricción que no se cumplen.

“Él no respeta nada, yo le hablo a la Policía y a veces llegan media hora después, a veces no llegan. La última vez me dijeron que no lo detenían porque estaba drogado y traía un arma blanca, o sea, yo me pregunto, ¿y yo qué? ¿Dónde queda mi seguridad?”, reclama.

En una ocasión, asegura, pasó más de siete horas en el Centro de Empoderamiento sin que le recibieran la denuncia, con el argumento de que el Ministerio Público a cargo estaba de vacaciones y fue sólo después de la intervención de Derechos Humanos que se concretó la querella.

Factores de impunidad

A la falta de acción de las autoridades se suma, según Tania, la posible influencia de la madre de su agresor, quien trabaja en el DIF Municipal de Ocampo.

“Cuando lo han detenido, ella paga la multa y lo sueltan, no sé si directamente lo protegen, pero al menos no hacen nada por detenerlo, aunque ande drogado y armado, eso es lo más grave”, denuncia.

Recuerda que en la pasada administración fue llamada por la exalcaldesa Laura Mara Silva, para comprobar falsas acusaciones de maltrato contra su hija, hechas por su expareja.

“Me hicieron llevar a mi niña con un médico y una sicóloga, todo para corroborar que eran mentiras, lo que él decía, a él si le tomaron en cuenta sus señalamientos aún cuando eran mentiras y yo que tengo evidencia que he denunciado muchas veves no han hecho nada; las autoridades sabían todo desde años atrás, pero le dieron la razón a él y a mí me victimizaron”.

Llamado desesperado

El temor es constante: “Me va a matar a mí, a mi hija o a mi familia, yo no quiero convertirme en un caso más de feminicidio que pudo evitarse, si hasta ahora no ha pasado una tragedia, es porque yo me defiendo sola, porque mi familia y mis vecinos me ayudan, no porque las autoridades me protejan”, subraya Tania.

Su llamado es claro: que las instancias encargadas de impartir justicia actúen con urgencia.

“El Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres lleva 12 años con mi caso y no ha hecho nada más que darme papeles que él rompe en mi cara; yo pido que me escuchen, que intervengan, que se lo lleven antes de que sea demasiado tarde”, concluye.

El reflejo de una dolorosa realidad

La historia de Tania no es aislada; según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Coahuila registra cada año cientos de carpetas de investigación por violencia familiar, muchas de ellas sin resoluciones efectivas.

Tania es consciente de ello, pero aún confía en que su voz, ahora pública, logre que las autoridades den el paso que no han querido dar en más de una década: garantizarle a ella y a su hija una vida libre de violencia.