Torreón, Coah.- Ricardo Salazar denunció públicamente que, a más de cuatro años de iniciados los procedimientos legales, su hija menor de quince años, continúa sin acceso pleno a la justicia ni a su derecho a la reparación integral del daño, tras haber sido víctima del delito de violación equiparada, bajo la modalidad agravada de haber sido cometido por un sujeto activo cualificado.

De acuerdo con la información difundida, durante la audiencia inicial la jueza de control Karla Bustos desestimó de manera parcial diversos datos de prueba, entre ellos un dictamen ginecológico, un dictamen psicológico y la declaración de la menor realizada mediante el Protocolo Michigan.

Ante esta determinación, la representación legal de la víctima interpuso un recurso de apelación, mismo que fue resuelto por un magistrado distrital, quien revocó la decisión inicial, vinculó a proceso al imputado y ordenó su reaprehensión.

“Cada que nuestro caso llega aquí a primera instancia con los jueces de control, en todo momento nos lo han ensuciado el proceso, siendo así en todo momento la defensa de la defensa. El primer hecho fue en la audiencia inicial con la jueza de control Karla Bustos. De manera parcial, desestimó los datos de prueba consistentes en en el dictamen ginecológico, psicológico y la declaración de mi hija por método del protocolo Michigan. ¿Esto para qué? Para no vincular a proceso al imputado para dejarlo en libertad, siendo que la defensa no presentó ningún dato de prueba que contraviniera los datos de prueba presentados por el Ministerio Público”.

No obstante, explicó que el imputado ha promovido diversos recursos de amparo que, según se señala, permanecen sin resolución definitiva hasta la fecha, lo que ha contribuido a la prolongación del proceso penal.

“Posteriormente, presentamos el recurso de apelación donde el magistrado del Tribunal resolvió vincular a proceso y la reaprehensión del imputado pero como ya había sido dejado en libertad por la juez Carla Bustos, el imputado presenta distintos recursos de amparo que aún al día de hoy sigue sin resolver una revisión”.

Señaló la omisión de abrir el periodo de investigación complementaria, previsto en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

“Antes de iniciar esa esa audiencia, el juez me mencionó que no ha tenido oportunidad de revisar la carpeta de administra administrativa y sin revisarla. Al momento de resolver, dio por concluido el tiempo para para que el Ministerio Público presentara las acusaciones, acción que obviamente beneficia al imputado”.

Indicó que el 17 de mayo de 2023 el Ministerio Público y el asesor jurídico de la víctima solicitaron formalmente que se fijara un plazo para dicha investigación, petición que fue negada por la autoridad judicial, suspendiendo el procedimiento y trasladando la carga de la decisión a instancias federales.

Asimismo, el 26 de enero del presente año se celebró una audiencia de revisión de medidas cautelares, solicitada por las víctimas, con base en un informe de la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA). En dicha audiencia se informó que el brazalete electrónico del imputado emitió una alerta de apagado el 5 de enero y que no fue reactivado sino hasta el 14 de enero, periodo durante el cual el imputado no era localizable.

Durante esa audiencia, el juez Samuel Borrego resolvió desahogando pruebas y argumentos que, según se denuncia, no fueron presentados por la defensa en el momento procesal oportuno ni conforme a los principios de oralidad.

Consideró que esta actuación evidenció una presunta parcialidad a favor de la defensa, así como la falta de aplicación de la perspectiva de género y del principio del interés superior de la niñez.

Mencionó que previo al inicio de la audiencia, el juez reconoció no haber revisado la carpeta administrativa; sin embargo, al emitir su resolución dio por concluido el plazo para que el Ministerio Público presentara acusaciones, acción que, de acuerdo con el denunciante, beneficia directamente al imputado.

“Al ser juicio oral y no presentar las pruebas siguiendo la oralidad y en el momento procesal oportuno, ya no deberían de ser presentadas fuera de tiempo. En este hecho vemos que el juez Samuel Borrego fue en todo momento parcial en favor de la defensa. Además, vemos que no está juzgando con perspectiva de género, lo cual es su obligación constitucional, así como no aplicar el interés superior de la de la menor de edad que fue que fue la víctima del delito”.

Expuso que el juez José Samuel Borrego Rodríguez habría realizado pronunciamientos jurídicos que, a su consideración, no corresponden al estado real del procedimiento, al dar por concluida una etapa procesal que nunca fue iniciada formalmente, debido a la suspensión dictada en audiencia del 17 de mayo de 2023.

Finalmente, informó que el juez acordó recientemente la celebración de una audiencia con la intención de sobreseer la causa penal, lo que implicaría dar por concluido el proceso sin una sentencia, situación que dejaría en estado de indefensión a la menor víctima.

Ante esta actuación, el padre de la menor señaló que existen elementos que podrían hacer presumir una conducta irregular por parte del juzgador.

“Le pido al magistrado presidente Miguel Felipe Mery Ayuo, que intervenga en este caso, que vea el actuar de sus jueces, cómo es completamente parcial, pareciera que tiene pretensiones con las con la defensa. Nosotros, las víctimas, en todo momento estamos enfrentándonos un proceso donde en el debate tenemos que enfrentar a la defensa y al defensor de la defensa que viene siendo el juez. En este caso es el juez Samuel Borrego. Por lo cual, pedimos a al magistrado presidente que voltee a ver lo que está sucediendo aquí”

Incluso, recordó que el juez señalado ha sido mencionado anteriormente en comunicados informativos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por desacato, así como en señalamientos públicos por presuntos actos de corrupción, lo cual a su parecer, refuerza la exigencia de una revisión exhaustiva del caso y de garantías de imparcialidad judicial.