El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Miguel Riquelme hablaron recientemente de los procesos para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado. «Pienso que van a ser elecciones limpias, libres y además existe autoridad. Ya es delito grave el fraude electoral. ¿Qué es delito grave? Que puede ir a la cárcel quien cometa un delito electoral y no tiene derecho a fianza», declaró AMLO en la rueda de prensa del 3 de octubre. El mismo mensaje es para el Estado de México, donde también el 4 de junio próximo se nombrará al sucesor de Alfredo del Mazo. Son las únicas entidades donde el PRI gobierna desde hace 93 años.

Riquelme dijo ante funcionarios y exfuncionarios del estado que está empeñado en cuerpo y alma «para que gane el PRI». Para el Gobernador, la institucionalidad y el contacto con la sociedad son inseparables. Mientras los gobiernos del PRI afrontan los problemas sociales, apuntó, «los de Morena optan por renunciar, alejarse y buscar refugio». Tangencialmente cuestionó la voluntad del Presidente por unas elecciones apegadas a derecho. Los aspirantes de otros partidos —advirtió— «vulneran la legalidad de la próxima contienda y sin empacho alguno llenan las vías públicas y las plataformas digitales con actos anticipados de campaña» (Zócalo Saltillo, 14.10.22).

En su declaración previa, AMLO dio por descontado que «Las elecciones en el Estado de México y Coahuila se van a celebrar con legalidad, con transparencia. No va a haber fraude». Incluyó en el compromiso a los tres órdenes de Gobierno, «sea un presidente municipal, gobernador, presidente de la república». Por tanto, pidió no utilizar recursos públicos para favorecer a algún partido o candidato. Antes «no estaba tipificado el fraude electoral como delito, pero ahora sí, entonces (a) presentar todas las denuncias».

Riquelme dio por segura la coalición de su partido con el PAN y el PRD. «El PRI con sus aliados afrontará la batalla, saldrá victorioso una vez más. Coahuila confirmará que tiene al mejor PRI de México». El Gobernador presidió la ceremonia junto con su delfín Manolo Jiménez. En su discurso, Riquelme se refirió a las últimas incursiones del crimen organizado en la frontera. «Venían a desestabilizar a Coahuila porque el año próximo habrá proceso electoral», acusó (Zócalo Saltillo).

El presidente López Obrador puso como ejemplo de legalidad las elecciones para Gobernador en Tamaulipas, celebradas el 5 de junio pasado. El expriista Américo Villarreal (Morena) derrotó a César Verástegui, candidato de la coalición (PAN-PRI-PRD) por un margen de 88 mil votos. La rispidez entre Villarreal y el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca caracterizó el proceso de cabo a cabo. El ahora exgobernador trató de impedir el triunfo de Villarreal a toda costa e incluso recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, anunció el 7 de octubre, ante el presidente López Obrador, que un juez federal giró una nueva orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca «por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita». El Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria para evitar la fuga del político, quien, al parecer, se encuentra en Texas. El 14 del mismo mes, un juez de distrito de Tamaulipas le concedió una suspensión provisional. Diez días después, la Interpol emitió ficha roja contra el exgobernador por siete delitos: terrorismo, tráfico de migrantes, robo de piezas de arte, crímenes contra la paz, violencia sexual en conflicto, crimen organizado y violación de los derechos humanos». Maquiavelo aconsejaba: «No hay que atacar al poder si no tienes la seguridad de destruirlo».