La revelación en el periódico neoyorquino The Wall Street Journal, que Pfizer había encontrado versiones falsas de sus dosis antiCovid en México y Polonia, coloca sobre la mesa de discusión, un tema del cual nadie quiere hablar en el Gobierno: el mercado negro de vacunas contra el coronavirus. La información del Journal roza, pero no se refiere a ese fenómeno, sino a 80 vacunas falsas aplicadas en una clínica de Monterrey, y que en las pruebas que realizó el laboratorio, encontró que carecían de ingredientes clave en su fabricación, que fueron sustituidos por ácido hialurónico, hidratante empleado para tratamientos de la piel.

La ansiedad por vacunarse contra el Sars-CoV-2, acentuada por la incertidumbre del desabasto, han creado condiciones para que florezca un mercado paralelo de vacunas. Por un lado están las falsificaciones –como sucedió con el producto de Pfizer y BioNTech– y por el otro, el mercado negro que se ha desarrollado en varios países, como México. El único caso conocido aquí es el de las vacunas Sputnik V que Aduanas, en coordinación con el Ejército, decomisó en Campeche en marzo. Las vacunas iban a ser transportadas en un avión privado a Honduras.

El Gobierno ruso informó que esas dosis no habían salido de sus inventarios, con lo que se deslindó de cualquier acción que pudiera darse en México. El Gobierno mexicano abrió una investigación para determinar la procedencia de estas, pero hasta ahora no se ha informado nada, y el tema desapareció de la opinión pública.

Funcionarios federales dijeron que entre varios asesores de la Presidencia se cree que las vacunas son reales, y han adjudicado el manejo ilegal a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La percepción dentro de Palacio Nacional surgió cuando en la lista de pasajeros de ese vuelo privado, que tenía como destino San Pedro Sula –centro económico de Honduras– aparecía el nombre de una persona que identificaron como primo de la esposa del canciller Marcelo Ebrard. La Secretaría de Relaciones Exteriores negó las versiones y rechazó cualquier presunta vinculación con el mercado negro de vacunas antiCovid. Para entonces, sin embargo, habían transcurrido tres meses de un tráfico de dosis por fuera de los canales oficiales.

La vacuna Pfizer fue la primera en aparecer en el mercado negro en México. Un empresario reveló que a principios de enero le ofrecieron en 100 mil pesos cada dosis, por lo que la aplicación completa le costaría 200 mil pesos. El empresario no compró las vacunas, pero por la elasticidad que mantuvo el negocio de las dosis, los precios en el mercado negro fueron reduciéndose.

En febrero, cada dosis de Pfizer se vendía en 35 mil pesos, pero para principios de marzo, los precios se habían desplomado a 14 mil. No se sabe cuántas personas pudieron haber adquirido esas vacunas, pero por la caída en el costo, se puede presumir que la demanda fue alta. Para finales de abril, surgió otra nueva oferta en el mercado negro, la vacuna CanSino, que es de una sola dosis, en 6 mil pesos.

No se sabe que las autoridades hayan iniciado investigaciones de oficio para enfrentar el mercado negro de las vacunas antiCovid en el país. De cualquier forma, las vacunas falsas, como las que denunció Pfizer en las páginas del Wall Street Journal y las dosis puestas a la venta en el mercado negro, son diferentes, pues tampoco hay ninguna información de que estas últimas, como es el caso de las Sputnik V decomisadas en Campeche, sean falsas. Al no disponerse de esa información, la carga del mercado negro recae en el interior del Gobierno, que hasta ahora en México, es el único que adquiere, administra, distribuye y aplica las vacunas.

La discusión sobre el mercado negro de esas vacunas comenzó en diciembre del año pasado dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al enfrentarse intramuros colaboradores cercanos de Ebrard por el tema del biológico. El conflicto se socializó cuando se denunció anónimamente en diciembre, en la Secretaría de la Función Pública, a la subsecretaria Martha Delgado, cabeza en el esfuerzo de adquisición de vacunas en el mundo, de haber privilegiado a diversas personas para que recibieran dosis chinas. La denuncia no prosperó, y comenzó a elaborarse una lista VIP para vacunación aprobada en Palacio Nacional y administrada por el secretario particular del Presidente, Alejandro Esquer.

Sin embargo, este tipo de vacunación a funcionarios y personalidades que algunos secretarios de Estado propusieron para esas listas VIP, no es un problema de mercado negro. Si el Gobierno, que controla las vacunas, decide a quién y por qué se las va a aplicar, no es un delito, porque en ningún momento cobró por ello. Lo que sí es un delito, es que se roben dosis compradas por el Gobierno con dinero de contribuyentes para ofrecerlas en el mercado negro, como aparentemente se hizo con vacunas de Pfizer, Sputnik V y CanSino.
Lo que estamos viendo es que la utilización de la necesidad de vacunarse tiene tres rutas de acceso diferentes.

Una es la de la vacunación VIP manejada por el Gobierno por las razones que establezca. Otra es la falsificación de dosis, como sucedió con las inoculaciones en Nuevo León, y que es delito penal, y la tercera, la venta ilegal de medicamentos verdaderos. En los dos primeros casos puede haber funcionarios y personas privadas involucradas, pero en el tercero solo puede haber funcionarios federales metidos en ese negocio ilegal, porque solo ellos tienen acceso a las vacunas.

Este mercado negro es marginal, pero no por ello debe ser condonado. No está en el ánimo del presidente Andrés Manuel López Obrador, dicho por él en público y en las reuniones de Gabinete, el mal uso de las vacunas, menos aún el robo, por lo que tiene que involucrarse y obligar a que las autoridades competentes actúen, pues de otra manera, por omisión o comisión, todos serán
cómplices.