Ciudad de México.- Muchas mujeres de escasos recursos se ven explotadas por prestar su vientre, práctica que no estaba regulada.

Las que se ven más afectadas son las indígenas o mujeres campesinas. Éstas se integran al mercado esperando una compensación de 10 mil a 150 mil pesos. Pero, al final muchas terminan pagando sus gastos médicos y exponiendo su salud.

Es por ello que la reforma de la Ley General de Salud, aprobada a nivel nacional, prohíbe la acción. Ésta será castigada hasta con 17 años de cárcel, al igual que quienes entreguen a un menor, proveniente del acto, a extranjeros o con fines de lucro.

La gestación subrogada estará permitida sólo para las personas que tengan aprobación médica. Y, la única compensación posible será la que contemple gastos médicos y pagos relacionados con el embarazo.

El tema del consentimiento médico molestó a organizaciones en defensa de los derechos reproductivos pues se tendrá que probar la infertilidad y se dejará de lado a parejas homosexuales o a solteras.

La regulación libra de violencia y de explotación a grupos vulnerables, pero también limita las posibilidades de paternidad de otros. Además, personas como Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, aseguran que es una medida absurda pues no necesariamente debe ser un hecho altruista por parte de las mujeres.