Torreón.- A seis años de la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, México transita por una etapa clave en la consolidación de una democracia paritaria, en la que el reto principal ya no es la creación de normas, sino su implementación efectiva en todos los niveles de gobierno.

A través del Instituto Nacional Electoral, el Estado mexicano ha impulsado mecanismos para garantizar la participación política de las mujeres en condiciones libres de violencia; sin embargo, persisten obstáculos estructurales, especialmente en el ámbito municipal y en el entorno digital.

Durante este periodo, se han identificado avances importantes, así como buenas prácticas institucionales. No obstante, también se ha evidenciado la permanencia de conductas que dificultan el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, lo que representa un desafío para la construcción de una democracia igualitaria y segura.

Uno de los principales retos actuales es la evolución de las formas de violencia política, que se han vuelto más sofisticadas. La resistencia al avance de las mujeres en espacios de poder ha derivado en nuevas estrategias de exclusión que rebasan el marco legal existente, lo que exige una vigilancia más estricta por parte de las autoridades.

En este contexto, los partidos políticos han sido señalados como focos de alerta, particularmente por prácticas como el registro de candidatas únicamente para cumplir con la paridad, quienes posteriormente son presionadas a renunciar en favor de suplentes hombres. Este fenómeno es considerado un retroceso que las autoridades buscan erradicar mediante mayores controles y supervisión.

Asimismo, la llamada Ley 8 de 8 contra la Violencia se ha consolidado como un estándar ético en el servicio público, al impedir que personas con sentencias firmes por delitos como violencia familiar, delitos sexuales o incumplimiento de obligaciones alimentarias puedan acceder a cargos de elección popular.

A pesar de estos avances, el ámbito municipal continúa siendo uno de los espacios más vulnerables. En este nivel, la violencia política se manifiesta no solo mediante agresiones verbales, sino también a través de prácticas como la retención de salarios o la exclusión de mujeres de sesiones de cabildo, lo que demanda una mejor coordinación entre autoridades federales y organismos locales.

Por otro lado, el desarrollo tecnológico ha trasladado parte de esta problemática al entorno digital. El uso de herramientas como la inteligencia artificial ha facilitado la creación de campañas de desinformación, así como la difusión de contenidos falsos para dañar la reputación de candidatas, lo que representa un desafío adicional para las autoridades electorales.

En cuanto a mecanismos de control, el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres se ha posicionado como un referente internacional. Hasta marzo de 2026, acumula 476 registros, con 432 personas inscritas, de las cuales 354 son hombres y 78 mujeres. No obstante, especialistas señalan la necesidad de fortalecer su interconexión con los poderes judiciales estatales para garantizar la verificación en tiempo real de sentencias.

Finalmente, las instituciones electorales han reiterado su compromiso de reducir la carga de la prueba para las víctimas y evitar su revictimización durante los procesos de denuncia. El objetivo es avanzar de una paridad numérica hacia una participación sustantiva, donde las mujeres puedan ejercer el poder sin poner en riesgo su integridad, consolidando así un modelo de justicia electoral más preventivo y efectivo.