En voz de Carmen Guillén Vicente juraba el PRI en San Lázaro el jueves 30 de noviembre de 2017 -durante la mañana, mediodía, tarde, la noche- que esta ley “de ninguna manera militariza al país”. Y mucho menos, insistía la tamaulipeca, “no limita ni mucho menos tolera la violación de los derechos humanos y sus garantías”.

Pero, ¿cómo creerle al PRI si todo lo que ha estado haciendo ahora es dentro del contexto de no perder la Presidencia de la República en 2018, evitando a ultranza que pueda llegar un grupo opositor capaz de echar para atrás el negocio superlativo en que ya toda la élite política priísta y países como los Estados Unidos de América están metidos hasta las cachas: La explotación del petróleo mexicano ?

Así se lo restregaban opositores una, dos, tres, muchas veces. Las mismas ocasiones que negaba el priísmo con un cinismo violentísimo que escocía el alma hasta el punto de ebullición de quienes desde la oposición los escuchaban. Un cinismo que llegó al extremo de evitar que el Canal del Congreso transmitiese la sesión en que se discutía y votaba la Ley de Seguridad Interior.

Esto decía Jorge Triana Tena, diputado federal del PAN: “Este dictamen, además de que ha sido desaseado en su procedimiento, ha habido poco tiempo de socialización, ha habido poco tiempo para su análisis, y además, ha sido cambiado en repetidas ocasiones, hace oídos sordos a las recomendaciones que han hecho la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión de los Derechos Humanos, cerca de 250 organizaciones no gubernamentales y 11 organismos internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que propone que no haya labores policiacas elaboradas por las fuerzas militares, por las Fuerzas Armadas, por el Ejército y por la Marina.

“El PRI desea que regresemos al pasado. El PRI se ha vuelto más calderonista que Felipe Calderón en materia de seguridad pública. Acéptenlo, desean regresar al pasado con todas sus fuerzas”.

Turno de José Clemente Castañeda Hoeflich, de Mc: “Esta ley no sirve para regular la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle, va mucho más allá de ello. Esta ley deja un amplio margen de discrecionalidad para activar los protocolos de seguridad interior.

“Esta ley genera una ausencia total de controles y contrapesos institucionales para el uso del poder. En esta ley hay un esquema de opacidad absoluta y de falta de rendición de cuentas.

“Esta ley se presenta con una yuxtaposición entre la proclamada seguridad interior y las dimensiones de seguridad nacional y seguridad pública. En esta ley se generan incentivos para que las entidades federativas caigan en la pasividad y no mejoren sus instituciones de seguridad y sus capacidades institucionales para atender el problema.

“Con esta doble decisión el PRI y sus aliados convertirán en ley una política pública fracasada, que ya demostró sus limitaciones y sus equívocos durante más de una década, convertirán un problema coyuntural en un círculo vicioso por decreto.

“La prolongación de esta política fallida no ayuda a México, no ayuda a nuestras Fuerzas Armadas y no aportará mayor seguridad a los mexicanos. Pero además, detrás de esta doble decisión del PRI y de sus aliados, hay una tragedia y un problema de fondo, que el Estado mexicano está renunciando por decreto a la aspiración de tener policías más fuertes, coordinadas y eficaces. Está renunciando a construir una política de seguridad democrática duradera y confiable”.

La diputada de Morena, Ernestina Godoy Ramos: “La ley que se propone no conceptualiza la intervención de las Fuerzas Armadas como una medida excepcional de carácter emergente y temporal, por el contrario, estamos legislando para permitir su permanencia. Esta ley perpetuaría el Estado de excepción, en el que nos encontramos desde hace más de 10 años”.

“También la Ley de Seguridad Interior es inconvencional, contraria a instrumentos y observaciones de organismos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien en su informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos en diciembre de 2009 así lo establece”.

“Significa la repetición de los mismos errores de una guerra iniciada por Calderón y el PAN. Se normaliza la excepción, se mantiene al Ejército en las calles realizando funciones distintas a su naturaleza y se muestra la incapacidad para fortalecer y profesionalizar los cuerpos de seguridad pública municipal y federal”.

“A 11 años del inicio de la guerra contra el narcotráfico, ni ha disminuido la criminalidad ni el tráfico de drogas, por el contrario, la delincuencia se ha diversificado, ha ganado control territorial, ha hecho base social, ha infiltrado corporaciones civiles y militares. El saldo es el terror. Hay que decirlo claro, la participación de las Fuerzas Armadas en labores policiales no ha logrado su propósito de acabar con la delincuencia organizada ni ha generado mayor seguridad”.

Y el diputado del PRD Rafael Hernández Soriano: “El dictamen no solo es cuestionable en su contenido, constituye un verdadero atentado a la Constitución General de la República y a todo el marco convencional que nos rige. No solo cuenta con la oposición de más de 250 organizaciones nacionales e internacionales, sino que ha logrado que tanto la representación del alto comisionado de las Naciones Unidas, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronuncien en contra de su aprobación, señalando que puede dar origen a graves violaciones a los derechos humanos, abusos por parte de las fuerzas del orden y a la desestabilización de nuestra incipiente democracia”.

Estaban en la discusión en lo general. Faltaba en lo particular, con los artículos reservados. (Continuará)