Ciudad de México.- El Gobierno de México condenó las sanciones unilaterales aplicadas a países al margen de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En sesión del Consejo de Seguridad de la ONU el embajador Juan Ramón de la Fuente reiteró la necesidad de salvaguardar el espacio humanitario en los conflictos.

“ La realidad es que en muchas ocasiones las sanciones imponen graves restricciones a donantes para proveer fondos y equipos a actores humanitarios”, remarcó.

Agregó que las sanciones también llegan a derivar en procesos penales contra personal humanitario y desincentivan la participación y cooperación en programas de carácter humanitario.

“ México se opone a la imposición de sanciones unilaterales al margen del sistema de las Naciones Unidas”, refrendó el Embajador Juan Ramón de la Fuente.

Por último el diplomático reiteró la necesidad de poner fin a dicha práctica de conformidad con la resolucion 75-289 de la Asamblea General de la ONU.

México, en contra de las sanciones unilaterales al margen de la ONU, destacó el Embajador, Juan Ramón De la Fuente (@MexOnu).

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— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 8, 2022

Lee aquí su discurso íntegro: 

“El tema que hoy debatimos, está en el centro de las prioridades de México en este Consejo. Hace algún tiempo, pusimos sobre la mesa, la necesidad de salvaguardar el espacio humanitario a través de una iniciativa conjunta con Alemania y Suiza, y más recientemente, coauspiciamos con la Unión Europea una serie de discusiones sobre la protección y seguridad del personal humanitario en los conflictos, donde también abordamos el impacto negativo aún cuando no sea intencional de las sanciones.

Estas iniciativas, han rendido algunos frutos. Hemos pasado del debate sobre si las sanciones producen o no consecuencias humanitarias indeseables, a una etapa de acción para intentar prevenir o mitigar su impacto.

El caso de Somalia y el reciénte fortalecimiento del lenguaje humanitario en el régimen de sanciones en la República Democrática del Congo, así como la adopción 26-15 del Consejo de Seguridad, creando una excepción humanitaria en Afganistán, son ejemplos concretos de todo ello.

Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer.

A pesar de que solicitamos incluir lenguaje acordado sobre el impacto humanitario en la renovación de los mandatos de las resoluciones 12-67 y 13-73 en el ámbito del combate al terrorismo, dada la oposición de una minoría de miembros del Consejo, las resoluciones 26-11 y 26-17, adoptadas en diciembre pasado, son desafortunadamente omisas con este respecto.

Estos dobles raseros son inaceptables, pues vulneran la acción humanitaria y violentan al derecho internacional humanitario.

La realidad, es que en muchas ocasiones, las sanciones imponen grandes restricciones adonantes para proveer fondos o equipos a actores humanitarios. En ocasiones, también derivan en procesos penales en contra de personal humanitario, generan una onda expansiva de desincentivos para participar o cooperar en programas de caracter humanitario, y terminan por afectar a la población que precisamente queremos beneficiar.