En días pasados Transparencia Mexicana presentó los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción en su edición 2021. En este índice, nuestro país no mostró variación en cuanto a la anterior evaluación realizada en 2020, pues se ubicó nuevamente en la posición 124 de los 180 países evaluados, y mantuvo su calificación de 31 puntos sobre 100. Por esta razón, México sigue siendo el país peor evaluado de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Por otra parte, los países mejor evaluados en esta edición fueron Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, con 88 de 100 puntos posibles, mientras que los peor evaluados fueron Siria y Somalia con 13 puntos, respectivamente. Esto nos permite conocer los rangos de evaluación entre los países con calificación más alta y más baja en el índice y la ubicación de México en esta medición.

Transparencia Mexicana hace una serie de recomendaciones al respecto de la corrupción a nuestro país, por ejemplo: sancionar efectivamente los grandes casos de corrupción; evaluar el desempeño de los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, bajo un enfoque de resultados; la recuperación de activos que fueron desviados y reintegrarse al patrimonio nacional; y aprovechar el apoyo social en la materia. De esta manera se podrían contrarrestar los efectos negativos de casos como la Estafa Maestra y Odebrecht, entre otros.

Aquel Sistema Nacional Anticorrupción fue constituido en 2015 y a más de cinco años de su conformación y la determinación de la obligación de las entidades federativas de la integración de un sistema en su circunscripción, hasta 2021 concluyó la integración de todos los sistemas locales e incluso Baja California y Baja California Sur aún no han designado a un fiscal anticorrupción, según reporta la Secretaría Ejecutiva de este sistema.

Luego, apenas 20 entidades federativas cuentan con una política anticorrupción aprobada, cinco se encuentran en proceso de retroalimentación a este instrumento y siete en proceso de elaboración.

Los siete estados que se encuentran en proceso de elaboración de esta política son Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Nuevo León y Tamaulipas. Las cinco entidades en proceso de retroalimentación son Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán y Querétaro. Esto muestra el avance dispar que se tiene a nivel local en México, en cuanto a los trabajos de estos sistemas estatales anticorrupción y su estrategia para el combate de este fenómeno.

En conclusión, si bien hemos avanzado en cuanto a la conformación de este Sistema Nacional y estatales Anticorrupción en México, aún no hay efectos positivos en las evaluaciones realizadas por centros de investigación sobre este problema. Por ello, es momento que la sociedad participe activamente en los asuntos públicos de nuestro país y trabaje para generar una verdadera transformación en la administración pública mexicana.