Ciudad de México.- México enfrenta “una grave crisis” de desaparición de personas y de identificación humana de cuerpos bajo custodia del Estado. El delito es “generalizado” y el universo de víctimas agrupa una multiplicidad de perfiles, incluidos niños y jóvenes reclutados por el crimen organizado; al igual que mujeres y niñas víctimas de violencia de género, destacando la trata con fines de explotación sexual y trabajo forzado, asevera en un informe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

También, advierte sobre la desaparición de migrantes, particularmente por trata por explotación laboral o sexual; personas víctimas de odio por su orientación sexual o identidad de género; periodistas y defensores de derechos humanos, éstos por buscar a sus familiares o proteger o denunciar abusos en sus comunidades, territorios o contra el ambiente.

Indica que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas, con corte en febrero del 2026, existen más de 128 mil reportes de casos, de los cuales 18 mil 192 son menores de edad. Asimismo, estimaciones independientes indican que la cifra de cuerpos no identificados supera los 70 mil.

En el documento, que será presentado este lunes, señala que en la actualidad hay coincidencia entre autoridades estatales, organizaciones de la sociedad civil y órganos internacionales de derechos humanos en que la desaparición de personas en México “tiene una relación fundamental con la actuación del crimen organizado, que en diversos contextos opera en estrecha connivencia con agentes estatales”.

Frente a ello, destaca que resulta crucial que el Estado considere en sus políticas de prevención y juzgamiento el contexto de la criminalidad organizada en las desapariciones y los posibles indicios del involucramiento de agentes estatales en los diferentes territorios del país.

La CIDH expone que el fenómeno no se circunscribe a los límites de una sola entidad federativa, aunque existen altas concentraciones en Jalisco, estado de México y Tamaulipas, ya que la información que recibió también identifica desapariciones en zonas compuestas como el denominado “Corredor del Pacífico” (que abarca los estados de Colima, Nayarit, Jalisco y Sinaloa) donde la incidencia estaría estrechamente vinculada a la actuación del crimen organizado.

Reconoce que el Estado mexicano se ha referido a la desaparición como una crisis humanitaria, así como a la existencia de una emergencia forense, y que ello ha estado acompañado de una serie de acciones tomadas desde 2018 —a través de la creación de instituciones y de la adopción de normativas— con diferente intensidad y efectividad, para abordar esta problemática.

“México cuenta con una robusta regulación penal que prohíbe las diferentes formas de desaparición de personas”, admite.

Sin embargo, la CIDH enfatiza que persisten desafíos relevantes, especialmente en materia de prevención, acceso a la justicia y políticas de memoria. Identifica desafíos desde la interposición de denuncias, la conducción de diligencias y el impulso de las investigaciones, la formulación de planes e hipótesis de investigación que respondan a líneas lógicas de investigación y el encuadre de las conductas ilícitas en los tipos penales adecuados.

“Los desafíos mencionados en la etapa de investigación abonan a la falta de judicialización y, en consecuencia, en altos niveles de impunidad. Los pocos casos que llegan al poder judicial suelen tramitarse con demoras e inconsistencias, obteniendo una respuesta judicial inadecuada”, afirma.

Frente a este panorama, plantea la urgencia de que el Estado adopte medidas extraordinarias para reorganizar las investigaciones y la jurisdicción sobre la desaparición de personas.

En el informe, que comprende particularmente el período de 2018 en adelante y se basa en información proporcionada por el Estado, organizaciones civiles, personas buscadoras y expertos, la CIDH igualmente sostiene que existe un déficit importante de confianza entre las familias de las personas desaparecidas y las autoridades de los Ministerios Públicos o Fiscalías que se manifiesta en todas las etapas del proceso.

Dicha situación, asegura, es consecuencia de “la ineficacia y de la falta de resultados, así como de la transferencia de la responsabilidad de realizar diligencias y conformar el acervo probatorio de algunas autoridades estatales hacia las propias familias”.

En términos de identificación humana, indica que los esfuerzos son aún insuficientes en comparación con la magnitud del problema. “Las iniciativas implementadas hasta el momento, como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense o el Centro Nacional de Identificación Humana, han tenido una efectividad muy limitada”.

Señala que se requiere el fortalecimiento de los centros de identificación humana para mejorar su funcionamiento que incluya la aplicación del enfoque masivo de identificaciones.