Ciudad de México.- De prosperar la demanda que el Gobierno de México interpuso contra fabricantes de armas en Estados Unidos, se reclamarían 15 mil millones de dólares por los daños ocasionados por el uso ilegal de esas armas en territorio nacional, informó Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En conferencia virtual, el funcionario dijo que esa es la cantidad estimada que el Gobierno mexicano ha gastado para enfrentar el uso de esas armas en manos de la delincuencia y en reparar los daños que han ocasionado.

“ Según estimamos, el Gobierno de México ha gastado cerca de 15 mil millones de dólares, arribita del cinco por ciento de su Producto Interno Bruto, en responder a la violencia armada generada por el tráfico ilícito de armas”, afirmó.

Celorio recordó que en México solo existe un lugar, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el que se puede adquirir armas de fuego de bajo calibre, por lo que el resto de armas que circulan entraron al país de manera ilegal y, en ello, los fabricantes tienen responsabilidad pues han comercializado sus productos de manera negligente.<

“ La inundación de armas y el alto poder de fuego viene por el tráfico ilícito desde los Estados Unidos, es algo externo, es algo que México no desea, no quiere y para lo que tiene que responder con recursos de contribuyentes que se podrían utilizar para pagar servicios de salud o de educación o para generar mayor infraestructura en nuestras comunidades rurales. De eso se trata el reclamo”, explicó.

“ Hemos perdido a funcionarios, vidas humanas, heridas, servicio psicológicos servicios médicos, servicios funerarios, reemplazar vehículos, aeronaves, hay muchos gastos en los que ha incurrido el Gobierno de México, con dinero de los contribuyentes, para responder a este flagelo del tráfico ilícito de armas desde los Estados Unidos”.

Este mediodía, en la Corte de Apelaciones del Primer Circuito Federal de Boston, Massachusetts, se llevó a cabo una audiencia del juicio promovido por México contra los fabricantes de armas, en la que los abogados contratados por la Cancillería presentaron sus argumentos contra la decisión de un juez de primera instancia de declarar improcedente la demanda.

Celorio dijo que, a juicio del Gobierno mexicano, la ley de inmunidades que hizo valer el juez de primera instancia no aplica en este caso, debido a que dicha norma excluye de responsabilidad a los fabricantes de armas del uso que se haga de su producto en territorio estadounidense, no fuera de él.

Esa ley, precisó, no puede ser aplicada extraterritorialmente, por lo que la Corte de Apelaciones debería reconsiderar el desechamiento y ordenar que se reabra el juicio.

“ No es una demanda contra el Gobierno de los Estados Unidos, contra las personas estadounidenses, o contra el derecho consagrado en la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos (a portar armas)”, aclaró.

“ Esta es una demanda donde el Gobierno de México le exige a las empresas de la industria de las armas que se conduzcan de manera responsable”.