Ciudad de México.- María Luisa Núñez Barojas, fundadora de “La Voz de los Desaparecidos en Puebla”, y María Emma Mora Liberato, representante legal de Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos A.C., cuestionaron la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) de llevar a la Asamblea General el caso mexicano.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Núñez Barojas expresó su inconformidad con la respuesta oficial: “Me indigna esa postura tan cerrada, tan radical de la presidenta de negar la realidad y querer tapar el sol con un dedo”. Subrayó que el documento se sustenta en información proporcionada directamente por colectivos de familiares en todo el país, quienes sistematizaron sus experiencias para evidenciar la magnitud del problema.

Señaló que la determinación CED es “bastante pertinente, oportuna, necesaria, urgente” y que, desde su punto de vista, la situación en el país exige medidas inmediatas: “México está rebasado no solo con el problema de las desapariciones, sino también en el tiempo”.

Aunque reconoció la existencia de mesas de diálogo con autoridades, sostuvo que estos espacios no han derivado en cambios sustantivos: “Hacen que nos oyen, pero no nos escuchan”. En ese sentido, cuestionó la falta de especialización de los funcionarios encargados del tema y afirmó que las políticas anunciadas no resuelven fallas estructurales, particularmente en las fiscalías estatales.

Dijo que, pese a haber recuperado los restos de su hijo, su caso continúa sin avances sustantivos: “A nueve años de haber ocurrido la desaparición, la carpeta de investigación sigue en la etapa inicial”. Añadió que, de aproximadamente cien casos acompañados por su colectivo, únicamente cinco cuentan con sentencias condenatorias, lo que, dijo, refleja “la omisión, de la impunidad, y de la injusticia”.

La activista también señaló presuntos vínculos entre algunas autoridades y grupos delictivos, lo que también configuraría desapariciones forzadas: “Los agentes del Ministerio Público, los policías estatales, las policías municipales están coludidas con los grupos que delinquen y que terminan en desaparición de personas”. Añadió que tanto por acción como por omisión, el Estado es responsable de la persistencia del fenómeno.

Sobre la observación del Comité de que “existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad”, Núñez Barojas señaló: “Claro que es un delito de lesa humanidad”. Argumentó que la falta de investigación efectiva y la impunidad refuerzan un patrón sistemático, en el que las carpetas de investigación “se vuelven eternas” y no alcanzan judicialización.

La activista insistió en la necesidad de que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad y acepte apoyo internacional: “Sí o sí debe reconocer su responsabilidad por acción o por omisión, y recibir la ayuda que estamos esperando”.

Indicó que el objetivo central es fortalecer la cooperación internacional y que existen antecedentes de apoyo externo que han contribuido a la identificación de personas, como la donación de escáneres para servicios forenses en Puebla. “Entonces, ¿cuál es el miedo?”, planteó, al insistir en la necesidad de recursos humanos, económicos y materiales.

Por su parte, María Emma Mora Liberato, representante legal de Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos A.C., calificó como “indignante” la “actitud de soberbia” de la presidenta Sheinbaum “al no reconocer lo que está sucediendo en México”. Cuestionó la efectividad de los apoyos institucionales a víctimas y familiares, al considerar que no existen resultados tangibles en las investigaciones.

Consideró que la postura del gobierno es arbitraria y evidencia desconocimiento del marco legal, ya que la cooperación internacional no implica sanciones, sino colaboración: “El artículo 34 no habla de sancionar, sino de colaborar justamente para la búsqueda”.

Mora Liberato ejemplificó esta situación con su caso personal: “Mi hijo fue secuestrado, fue secuestrado hace 15 años. La carpeta está exactamente igual, tiene una carpeta en secuestros y tiene una carpeta en la Federación, y efectivamente, no avanzan las investigaciones, simplemente te dicen que no hay por dónde empezar”. Criticó la falta de avances en las carpetas y la ausencia de capacidades técnicas en instancias forenses, lo que impide la identificación de personas desaparecidas.

También puso en duda las cifras oficiales sobre localización de personas, al señalar que las familias no han recibido a sus seres queridos: “¿Cuántas personas que dicen que han aparecido y que han sido localizadas, están con sus familias?”. Sostuvo que los centros de identificación forense carecen de recursos humanos especializados, lo que limita su funcionamiento.

Mora hizo un llamado a reconocer la magnitud del problema y a aceptar la cooperación internacional: “que acepte la ayuda”, al tiempo que exhortó a la sociedad a respaldar a las familias buscadoras, al advertir que la problemática puede afectar a cualquier persona.

Con información de Aristegui Noticias