Birmingham. EU.- Presas del miedo, cientos de familias en Alabama preparan poderes amplios a allegados para determinar el destino que quieren para sus hijos si son deportadas repentinamente de Estados Unidos: “Nos pueden correr estando con los niños en la calle”, especula Rubén angustiado.

“Ahora tengo trabajo y tres hijos pequeños que mantener, no puedo irme sólo por miedo, tenemos que aguantar”, sostiene Rubén junto a Marina, dos mexicanos que aceptaron hablar con la AFP dando identidades inventadas en una oficina de Birmingham, Alabama (sureste), donde acaban de firmar un poder con las coordenadas de los amigos que eligieron para dejar a sus tres pequeños “si nos corren”.

Desde que entró en vigencia la denominada ley HB 56, el 28 de septiembre, “miles” de familias han abandonado Alabama, según organizaciones humanitarias en la ciudad, pero otras han optado por quedarse pagando el precio de vivir en pánico en sus casas, comprando mayores cantidades de comida para evitar salir a menudo ahora que la policía tiene la potestad de confirmar su estatuto migratorio si cometen cualquier infracción.

“A nosotros nos gusta ir juntos a comprar, vamos los cinco siempre porque es lejos y por eso es que hicimos un poder. ¡Que Dios nos proteja!, pero pueden deportarnos estando con los tres niños”, dijo Marina, mirando a sus tres pequeños de seis, cuatro y dos años jugando mientras sus padres programan su futuro ante una eventual separación obligada.

En menos de un mes, más de 500 familias en Birmingham han buscado asesoría legal para dejar poderes estableciendo la tutela temporal de sus hijos o legando la administración de sus viviendas propias en amigos y familiares, según explicaron portavoces de la Coalición de Intereses Hispánicos de Alabama (HICA), la única organización de servicios sociales para hispanos que puede ayudar con abogados a los inmigrantes amenazados en ese estado.

Esta organización, que figura entre las partes demandantes de la ley, la más dura contra los inmigrantes en Estados Unidos, está sobrepasada de trabajo.

“De 20 personas que estábamos recibiendo antes de que promulgaran la ley, ahora tenemos entre 70 y 100 visitas por día y el 95% de estas consultas son para buscar ayuda para prepararse para irse del país, del estado o ante una separación familiar por deportación”, dijo Claudia Hendley, asesora legal de los inmigrantes en HICA.

Rubén trabaja ocho horas y siete días a la semana en la limpieza y mantenimiento de un campo de golf en las afueras de Birmingham, cobra 7,60 dólares la hora y además de mantener a su familia trata de enviar cada dos meses ayuda a sus padres en Michoacán (México).

“A México no podemos volver porque somos muy pobres allá y el resto de Estados Unidos está malito para encontrar trabajo, por eso es que ahora nos quedamos”, dijo Marina.

Con el mismo objetivo Miguel dejó el jueves en la tarde su trabajo en la construcción para ir con sus dos hijos pequeños a instruirse sobre lo que tiene que hacer para dejar a sus hijos “en buenas manos”.

“Estoy durmiendo mal imaginándome que me agarran y lo peor es imaginar qué pasará con mis niños”, dijo a la AFP al precisar que habló con una prima en Georgia, estado vecino de Alabama, y ella se encargaría de los menores por un tiempo.

“Voy a dejar muy claro que me los tienen que enviar de inmediato a México si me corren”, sostuvo el hombre, que tampoco se anima a irse porque tiene trabajo y los niños aún no terminan el año escolar.

“Quién quita y esta ley la borran”, dice Miguel esperanzado.

Para Vanessa Stevens, encargada de desarrollo de recursos de organizaciones sin fines de lucro en Alabama, “la ley está haciendo imposible la vida diaria de los inmigrantes, y es triste decirlo, pero ese es su objetivo”.

“Mucha gente se ha ido por miedo y eso está dañando nuestra economía local y nuestra reputación como estado”, lamentó Stevens.

Según Claudia Hendley, “los inmigrantes que atendíamos por casos de violencia doméstica, asesorías para tratarse enfermedades serias o afectados por crímenes no están haciendo denuncias”.

“Todo esto es muy grave, no se están cuidando como es debido por pánico de que cualquier autoridad descubra que son indocumentados y los deporten”.

Unos 130.000 indocumentados vivían en ese estado cuando fue promulgada la ley, según estimaciones del Centro Pew Hispanic. Activistas aseguran que “varios miles” se fueron del estado, aunque las autoridades locales no tienen registros oficiales por ahora del éxodo en números, corroboró tras consultas la AFP.

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