Saltillo, Coah.- Un coronel, agregado militar en una Embajada de México en el extranjero, está negando la paternidad de su hija de un año de edad que fue diagnosticada con hemiparesia, y a través de influencias, trata de librarse de la pensión alimentaria.

Desesperada y asustada, Hatzy, su expareja, denuncia irregularidades en el proceso legal, en donde se rompió de forma alevosa la cadena de custodia en la toma de muestras de ADN y ahora, se enfrenta a la incertidumbre de cómo le hará para mantener a su hija.

Su relación empezó hace 3 años, y cuando Hatzy le informó a Juan “N” que estaba embarazada, éste recurrió a chantajes y evasivas hasta que finalmente logró que lo transfirieran a otro país; ella entabló un juicio de reconocimiento de paternidad y se decretó una pensión provisional a favor de la bebé.

“A raíz de eso se desarrolló una serie de violencia, llegó a realizar diversas amenazas, perjudicarme en mi trabajo, en mi integridad, difamándome, incluso amenazas de muerte, y todas esas amenazas, verbales y mucha violencia psicológica, se documentó y entablé una denuncia en su contra ante la Fiscalía General de la República, dado el cargo que tiene de agregado militar, y actualmente se encuentra en curso”, detalla.

Hatzy descubrió que la abogada de Juan es media hermana del perito oficial designado por el juzgado familiar, y que a pesar de documentar la filiación con actas de nacimiento y fotografías familiares, declararon infundada su acusación.

El perito, detalla, es coordinador de genética en la Fiscalía General del Estado, y a pesar de estar en entredicho su imparcialidad, continúo en el caso.

“Los derechos de mi niña no están de ninguna manera protegidos ni garantizados por quien se supone que debería de garantizarlos”, asegura, “mi caso es el ejemplo claro de interseccionalidad: yo soy mamá soltera, mi niña tiene una condición de discapacidad y estos aspectos no han sido tomados en cuenta”.

Durante la entrega de la iniciativa 3 de 3 contra la violencia, Hatzy se armó de valor para reconocer que tiene miedo por el tráfico de influencias que está moviendo el padre su hija con tal de librarse de la pensión alimentaria.

“Mi caso es claro ejemplo de las implicaciones de personas con cierto nivel de poder; lo único que quiero es que se concreten los derechos de mi niña, sobre todo porque es una menor en una situación de vulnerabilidad, yo soy trabajadora, y no tengo garantizado que pueda solventar sus necesidades actuales y futuras”, lamenta.