Ciudad de México.- La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos advirtió en su análisis “México militarizado: la guerra se perdió, pero la paz no llega”, que las fuerzas armadas tienen la fuerza suficiente para tomar el control del país “sin necesidad de dar un golpe de Estado”

América Latina tiene un largo historial de golpes de Estado y dictaduras. Y en cualquier país de la región, la acumulación de poder por parte de las Fuerzas Armadas suele encender las alarmas. Pero no en México, donde el peso de los militares es ya tan grande que “no hace falta un golpe de Estado”.

A esa conclusión llega la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) en un análisis de Stephanie Brewer titulado “México militarizado: la guerra se perdió, pero la paz no llega”.

Aunque México no ha sufrido algún golpe militar, el análisis señala que “el peso de las fuerzas armadas mexicanas dentro y fuera del ámbito de la seguridad puede significar que no hace falta un golpe de Estado para que las instituciones militares ejerzan niveles de poder que, sin constituir un gobierno militar, tampoco hablan de una institucionalidad democrática saludable”.

No sólo la seguridad está en manos militares desde hace varias administraciones, sino que en la de Andrés Manuel López Obrador se han convertido, además, en ejecutores “de componentes importantes del proyecto de gobierno”, incluyendo el control de puertos y el otorgamiento de proyectos de infraestructura.

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La desmilitarización no sólo no ha llegado, sino que López Obrador ha apostado por profundizar diversos aspectos del modelo militarizado”.

Brewer recuerda que este mes se cumple un año del acuerdo por el cual se aprobó que las Fuerzas Armadas participen en tareas policiales hasta 2024. Hace dos años, además, se creó la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad que, si bien depende de una institución civil -la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana-, es en realidad “una fuerza militarizada” que opera, de acuerdo con documentos oficiales publicados por medios que el gobierno no ha desmentido, “bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)” y que además está integrada mayoritariamente por militares.

En 15 años de militarización, asegura el análisis, no se han instalado “estructuras y prácticas eficaces contra la violencia a nivel nacional”. No sólo no se avanzaron soluciones, sino que la militarización terminó por convertirse en una “adicción que posterga indefinidamente esas soluciones”.

El modelo bélico ha tenido resultados que Brewer califica de “catastróficos”, con un drástico aumento de homicidios, violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas cometidas por el Ejército, la Marina y otras fuerzas de seguridad.

Al papel “protagónico” que tienen las Fuerzas Armadas en la estrategia de seguridad, se suma la decisión de AMLO de “asignarles otra gama de funciones”. La Semar, detalla el análisis, tiene el control y administración de puertos. Con la Sedena, también juegan un creciente papel en el control de aduanas.

Si bien, aclara Brewer, las Fuerzas Armadas mexicanas ya habían participado en proyectos de infraestructura en otros sexenios, AMLO les ha concedido un “llamativo papel en obras prioritarias de gran escala”, como la construcción de sucursales del Banco de Bienestar y de aeropuertos a la Sedena, igual que la construcción y administración del Tren Maya. La Marina construiría el Corredor Interocéanico.

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Con la seguridad en manos militares, y con las Fuerzas Armadas como ejecutoras de componentes importantes del proyecto de gobierno, es dable cuestionar qué margen de poder conserva el gobierno civil frente al estamento militar”.

Se requieren, concluye Brewer, “estrategias efectivas de seguridad”. En medio de la guerra contra la delincuencia, es la población la que ha sufrido “las pérdidas más devastadoras”. Y ningún despliegue de fuerzas, afirma “será suficiente para revertir la violencia mientras actores del Estado se encuentren entre los cómplices de las redes criminales, mientras no se priorice la reforma de las corporaciones civiles de seguridad, mientras las instituciones del país no avancen de manera trascendental en la investigación de los fenómenos delictivos y mientras se toleren violaciones de derechos humanos por parte de las instituciones encargadas de velar por el Estado de derecho”. Lograrlo, dice, “requiere de voluntad política”. Lo preocupante, sin embargo, es que por ahora “la apuesta del gobierno sea una creciente e indefinida dependencia de las Fuerzas Armadas”.