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Grupo Zócalo
Publicado el miércoles, 24 de diciembre del 2025 a las 10:48
Ciudad de México.- Lo que parecía un anuncio definitivo por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum para retirar el impuesto a los videojuegos, se ha topado con una dura respuesta de Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados.
Tras el anuncio de la mandataria, Monreal contradijo la simplicidad de la decisión, pues afirmó en un documento que “El Ejecutivo no tiene facultad para inaplicar una contribución vigente, aun cuando considere deficiente su diseño”.
Monreal fue contundente en su análisis, el anuncio presidencial genera un “problema jurídico” inmediato.
Contrario a lo que la presidenta Sheinbaum dijo en la conferencia matutina, el impuesto del 8% a videojuegos físicos violentos no es una simple propuesta; es una obligación fiscal plenamente aprobada, promulgada y vigente a partir del 1 de enero de 2026.
En ese sentido, Monreal publicó un documento en el que subrayó que el “diseño problemático” o la dificultad técnica para clasificar qué es “violento” o “extremo” no habilita a que la presidenta pueda dejar sin efectos la ley.
“ El diseño problemático del hecho imponible (uso de categorías como ‘violento’, ‘extremo’ o ‘para adulto’) no habilita al Ejecutivo para dejar sin efectos la ley, sino que corresponde al legislador corregirlo”, precisó Monreal.
Ricardo Monreal expuso que este gravamen ya está inscrito tanto en la Ley del IEPS como en la Ley de Ingresos de la Federación 2026, donde incluso ya se tienen presupuestados que dicho impuesto dejará ingresos estimados por 183 millones de pesos.
Monreal sentencia que, aunque el Ejecutivo considere deficiente el diseño del impuesto, “no tiene facultad para inaplicar una contribución vigente”.
Para cumplir el deseo presidencial sin violar la Constitución, Monreal aclaró que no basta con una orden verbal, sino una “salida constitucionalmente correcta”.
1. Derogación expresa: El Congreso debe sesionar para derogar el inciso K de la Ley del IEPS.
2. Ajuste presupuestal: Se debe reformar la Ley de Ingresos para eliminar el concepto de recaudación y recalibrar las cifras.
Aunque Monreal concede que la presidenta podría emitir un decreto de estímulo fiscal como “parche” administrativo para neutralizar el cobro, advierte que esto sería solo una “medida de contención” insuficiente que no corrige el error de fondo ni da certeza jurídica.
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