Sólo era cuestión de tiempo. Tiempo para confirmar lo que aquí se ha documentado durante casi una década; la complicidad del Estado mexicano con el crimen organizado.

Sí, tiempo para que en México y el mundo aparecieran pruebas irrefutables de que el partido Morena es, en los hechos, el brazo político de los grupos criminales.

Un poderoso y extenso brazo criminal que lo mismo alcanzó los municipios más apartados del país, que las pujantes capitales de importantes estados de la República.

Brazo que sin resistencia atrapó los congresos locales y sometió en sus garras de complicidad, tanto senadurías como diputaciones federales.

Poder criminal que en la más reciente década sometió a su influencia criminal a gobiernos estatales como los de Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Zacatecas, Michoacán, Baja California, Quintana Roo, Oaxaca, San Luis Potosí y… a más de la mitad del territorio nacional.

Y por esa razón, por la fuerza infinita del crimen organizado para capturar espacios de poder político y para someter a servidores públicos, hoy vemos espectáculos penosos como la complicidad oficial con el exgobernador de Tabasco, exsecretario de Gobernación y actual jefe de los senadores del partido oficial, Morena.

Sí, como seguramente ya se percataron, hablamos del “gran hermano”, de nombre Adán Augusto López, impulsor y jefe de la poderosa banda criminal de Tabasco, conocida como “La Barredora”.

En efecto, un político menor y mediocre que alcanzó notoriedad no tanto por sus dotes en la política y menos por su eficacia en el servicio público, sino por sus andanzas como “sugar daddy”.

Sin embargo, detrás del “hermano” del expresidente López Obrador —detrás de Adán Augusto López—, en realidad siempre estuvo agazapado el jefe de la creciente violencia criminal en Tabasco, el mismo al que el hoy senador le encargó “la seguridad pública”, Hernán Bermúdez, prófugo de la justicia.

En pocas palabras, resulta que Adán Augusto entregó “la iglesia en manos de Lutero”.

Pero lo verdaderamente cuestionable del asunto es que, a pesar de que son irrebatibles las pruebas de la complicidad del líder de los senadores de Morena con el crimen organizado, parece que desde el poder presidencial se prefiere la máxima juarista para los amigos.

Y es que ante la exigencia social de que Adán Augusto y su claque sean llevados ante la justicia, la presidenta Claudia Sheinbaum se limitó a solicitar —de forma amable al “hermano” de AMLO—, la “conveniencia” de que el senador tabasqueño diera su versión sobre su exsecretario de Seguridad Pública, hoy prófugo de la justicia.

Así, y frente a una complacencia que rebasa los límites de la complicidad, la “señora presidenta” aplicó la máxima juarista al senador de Tabasco: “a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, justicia a secas”.

Y frente a tal “chabacanería” presidencial en el escándalo tabasqueño, se confirma una la abierta complicidad del Estado mexicano con el crimen organizado; una realidad que le da la razón al Presidente norteamericano, Donald Trump, cuando señaló que el gobierno mexicano está “paralizado” ante los cárteles mafiosos.

Peor aún, sabedor de que goza de impunidad total y con el cinismo propio de los tiempos de la 4T, Adán Augusto dijo estar dispuesto a dar la cara pero que, curiosamente, “no ha sido requerido” por autoridad alguna.

Lo cierto es que, si al Estado mexicano realmente le importara la justicia y acabar con el poder político de los cárteles criminales, ya habría iniciado el desafuero de Adán Augusto y de muchos otros legisladores y gobernadores que abiertamente son socios de los cárteles dominantes en México, para llevarlos a prisión.

El problema, sin embargo, es que la complicidad oficial con las mafias que dominan casi todo el país viene desde Palacio ya que, desde su concepción, el partido Morena fue construido como brazo político del crimen.

Y sí, el tiempo lo confirmó.

Al tiempo.