Monclova, Coah.- A las 00:00 horas del primero de marzo iniciaron formalmente las precampañas en Coahuila. En el caso de Morena, once aspirantes registrados como precandidatos únicos comenzaron de manera ilegal actividades públicas con propaganda visible. Cabe destacar que meses atrás, cuando inició este proceso, fueron presentados como coordinadores distritales tras ganar una encuesta interna, en un acto encabezado por la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde.

Hoy se presentan como precandidatos únicos, lo que en los hechos los convierte virtualmente en los futuros candidatos a la elección constitucional que se celebrará el próximo 7 de junio. El esquema seguido muestra una secuencia clara: primero se gana una encuesta como coordinador distrital, después se registra como precandidato único y finalmente se formaliza la candidatura. Esta ruta evidencia una simulación sostenida del proceso interno.

El argumento jurídico central es claro: “Al no existir contienda interna real, cualquier acto dirigido a ciudadanía pierde su naturaleza interna y se convierte en posicionamiento electoral anticipado”.

La legislación y la jurisprudencia electoral establecen que los actos de precampaña deben circunscribirse al ámbito interno partidista. Cuando no existe competencia interna efectiva, la figura de precandidato único no puede utilizarse para realizar actividades abiertas dirigidas al electorado general.

Además de la simulación del proceso interno, se configura una segunda violación: el uso de la imagen de la Presidenta Claudia Sheinbaum en propaganda política. En distintos materiales difundidos por los aspirantes se observa la silueta de la mandataria federal.

En 2023, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el uso de la imagen caricaturizada de un presidente en funciones en propaganda electoral vulnera los principios constitucionales de equidad, imparcialidad y neutralidad establecidos en los artículos 41 y 134 de la Constitución.

El Tribunal fue contundente: los partidos políticos no pueden capitalizar la investidura de un servidor público en funciones para respaldar candidaturas, aun cuando se trate de representaciones gráficas o simbólicas.

Así, en Coahuila se presentan dos conductas diferenciadas: por un lado, la simulación de una precampaña al tratarse de precandidatos únicos sin contienda real; y por otro, la utilización de la imagen presidencial en propaganda electoral.

El arranque de actividades ocurre en un contexto en el que la propia Presidenta de la República ha impulsado una reforma electoral que plantea campañas más austeras, más cortas y con menor impacto propagandístico. Sin embargo, en Coahuila desde el primer minuto se observa una incongruencia total y un abierto desacato del partido a las directrices públicas de su líder nacional.

Mientras desde el ámbito federal se insiste en moderación, legalidad y equidad, en la entidad se repite el modelo de encuesta previa, posterior registro como precandidatos únicos y despliegue inmediato de actividades abiertas al electorado, consolidando una ruta que evidencia la simulación del proceso interno.

Este escenario se suma a un conjunto de escándalos y controversias que han rodeado recientemente a Morena a nivel nacional, incluyendo señalamientos sobre la participación o vínculos de algunos personajes con estructuras delictivas, como los casos relacionados con “La Barredora”, así como episodios donde la propia Presidenta ha llamado públicamente a aspirantes a no simular ni adelantarse a los tiempos legales.

Entre esos casos destaca el de la senadora por Chihuahua, Andrea Chávez Treviño, quien fue señalada en el debate público por la exposición anticipada de su imagen en actividades previas a los tiempos electorales. Ese mismo esquema —basado en promoción personal vinculada a supuestos programas sociales o de salud con nombre propio— ha sido replicado en Coahuila por diversos personajes que hoy aparecen como precandidatos únicos.

El inicio de las precampañas en la entidad coloca en el centro la necesidad de una aplicación estricta de la ley y una verdadera observancia por parte de las autoridades electorales, tanto locales como nacionales, incluido el INE. Los principios de equidad, legalidad y neutralidad no son opcionales; son mandatos constitucionales.

Una vez más, el arranque del proceso electoral en Coahuila queda marcado por el desacato del partido en el poder federal a los propios lineamientos que públicamente promueve su liderazgo, evidenciando una práctica reiterada que vulnera la aplicación equitativa de la ley y erosiona los principios básicos de competencia democrática.