La Secretaría de Gobernación (Segob) era la encargada de poner a raya a los gobernadores, todos del PRI hasta 1988. Si alguno salía del redil, descuidaba su estado, le ocasionaba problemas a la Federación o no gozaba de la simpatía presidencial, tenía los días contados. La Segob dio más presidentes (Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría) antes de que los tecnócratas tomaran el poder. No de balde, pues controlaba la inteligencia, los medios de comunicación, la seguridad y las prisiones. A partir del Gobierno de Vicente Fox, el Palacio de Cobián perdió influencia y facultades.

Sin embargo, con la presidenta Claudia Sheinbaum, la Segob reasumirá un papel preponderante en dos temas prioritarios: el control político y la seguridad. Rosa Icela Rodríguez, nueva titular de la Segob, se desempeñó como secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Omar García Harfuch, uno de los colaboradores de mayor confianza de Sheinbaum, sucedió a Rodríguez en la SSPC. El mismo cargo lo ejerció en Ciudad de México durante el sexenio pasado con resultados satisfactorios. CDMX figura entre las capitales más seguras del país, no obstante ser la segunda entidad más poblada después del Estado de México.

El Congreso aprobó el 21 de noviembre la reforma al artículo 21 constitucional que permite a la SSPC participar en la investigación de los delitos, dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad, coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia y vigilar la aplicación de fondos federales en materia de seguridad. La iniciativa de la presidenta Sheinbaum recibió el apoyo de todas las fracciones parlamentarias. El plan brindará atención prioritaria a las causas de la violencia y la inseguridad, esta vez con mayor tecnología e inteligencia. La continuidad de las políticas implantadas por AMLO representa el segundo piso de la 4T.

El movimiento de pinza de la Segob y la SSPC pretende no sólo afrontar al crimen organizado con mejores posibilidades de éxito, sino también que los gobernadores asuman el compromiso de reducir los índices de homicidios dolosos y demás delitos del fuero común (secuestro, extorsión, robo, daño a la propiedad, entre otros), cuya persecución es de competencia local. Las entidades no pueden afrontar el fenómeno de la violencia sin la participación del Gobierno federal, las fuerzas armadas y la Guardia Nacional. Pero también necesitan fortalecer y depurar sus sistemas de seguridad y de justicia, algunas veces infiltrados por la delincuencia. El consenso en torno a la reforma pone de relieve lo grave de la situación.

La estrategia de seguridad busca centralizar el mando y, en el fondo, restablecer el orden político para que los gobernadores de todos los partidos respondan por sus estados en vez de culpar siempre a la Federación. Abatir la violencia de manera firme y sostenida depende de la participación conjunta de los tres niveles de Gobierno, el Congreso y de las fuerzas políticas. Politizar la seguridad pública no condujo a ninguna parte, al contrario, agravó el problema y favoreció la expansión de las organizaciones criminales. La 4T apunta, pues, hacia un control político más amplio, posible sólo con una Presidencia fuerte y legitimada como es la de Claudia Sheinbaum. La de AMLO también lo fue, pero no tenía mayoría calificada en las cámaras, y cuando empezó su sexenio 27 gobernadores no eran de Morena.