Édgar Veytia, “El Diablo”, alternó dos tareas: fiscal de Nayarit y narcotraficante. El exfuncionario fue detenido en San Diego, California, en febrero de 2017. Dos años después admitió ante la jueza Bagley Amon formar parte de una red internacional dedicada a la fabricación y distribución de heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana en Estados Unidos. La condena de 20 años contra Veytia se redujo a ocho por su colaboración en el caso de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

La captura del secretario de la Defensa Nacional en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, realizada por la DEA en el aeropuerto de Los Ángeles en octubre de 2020, también pudo deberse a las delaciones del exfiscal nayarita. El militar fue acusado de narcotráfico y lavado de dinero. Dos años antes, en Washington, el Pentágono le había entregado un reconocimiento por su “compromiso en la lucha antidrogas”. Cienfuegos tuvo mejor suerte que García Luna. Luego una serie de negociaciones entre los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, un tribunal de Nueva York desechó los cargos a petición del fiscal William P. Barr. El jefe castrense regresó a México en noviembre de 2020.

El caso de Veytia ilustra el funcionamiento del sistema de justicia de Estados Unidos. El exfiscal dejó la prisión de Kentucky en febrero pasado, sin terminar de cumplir una condena de ocho años. Los fiscales exprimirán hasta la última gota de información para utilizarla en nuevos juicios. Después lo extraditarán a México. En Nayarit está acusado de tortura, secuestro y enriquecimiento. Según autoridades estadunidenses, la fortuna de “El Diablo” ronda los 250 millones de dólares. Veytia fue el poder tras el trono en la Administración de Roberto Sandoval. El exgobernador y su hija Lidy Alejandra Sandoval fueron detenidos en 2021 por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El Departamento del Tesoro de EU lo acusa de tener vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación.

El periodista Pablo Ferri describe en el libro Narcoamérica (Tusquets, 2015) el calvario de los nayaritas: “En cuatro casos, Veytia y sus agentes, que acumularon un poder incontestable en el estado, bajo el mandato del gobernador Roberto Sandoval, del PRI, torturaron y extorsionaron presuntamente a víctimas, para obligarlas a cederles propiedades inmobiliarias o darles dinero. El quinto es el caso de un policía que se negó a seguir las directrices de Veytia, en el sentido de dar protección a uno de los grupos criminales a los que protegía el entonces fiscal, la facción de Los Haches, pata del cártel de los Beltrán Leyva”.

Las historias de terror se repiten en Jalisco, Sinaloa, Guanajuato, Zacatecas, Guerrero, Tamaulipas (Coahuila las vivió entre 2007 y 2012) y otros estados. El narco infiltró al sistema desde hace mucho tiempo. La relación con los cárteles y la venalidad existe, en mayor o menor grado, en todos los niveles: presidencias municipales, gobiernos estatales, instancias federales, policías, juzgados. Las contenciones se rompieron cuando el Gobierno federal, único negociador con los cárteles, cedió poder a los estados. Todavía hay Veytias sueltos, protegidos por la impunidad y padrinos poderosos. Estados Unidos persigue a capos y políticos, pero se olvida de las víctimas; en su país y en el nuestro.