Ciudad de México.- Representantes de diversos pueblos y comunidades indígenas hicieron un llamado urgente para que el Estado mexicano garantice su protección en contra de cualquier forma de violencia y discriminación.

Para visibilizar los múltiples obstáculos que enfrenta este sector de la población, las comisiones de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas llevaron a cabo el primer parlamento de las mujeres indígenas, que fue clausurado en el Senado, informó la institución.

En el cierre, la senadora Nuvia Mayorga, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que “no sólo se requiere de voluntad política para cerrar la brecha de género, sino también de recursos económicos para cumplir con este objetivo”.

Por ello, señaló que buscarán aterrizar los “presupuestos necesarios”, que permitan erradicar la violencia política, económica e institucional que padecen, porque “las niñas, jóvenes y mujeres indígenas exigen esfuerzos concertados para abordar la violencia en todas sus manifestaciones”.

En tanto, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher, de Morena advirtió que “la violencia política en razón de género afecta a las mujeres de todo el país” y se manifiesta de manera diferenciada en las comunidades indígenas, por sus condiciones políticas, sociales y culturales.

Recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos para que los partidos políticos “atiendan, sancionen, reparen y erradiquen este problema”.

Además, expuso que se creó el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género, en el que, derivado de la elección de 2021, hay 157 personas reportadas, de los cuales 131 son hombres y 26 son mujeres.

En la declaratoria final, las senadoras plantearon la necesidad de “establecer un enfoque indígena de género en todas las acciones de gobierno que se promuevan” y solicitaron que se analice la actual legislación a fin de promover reformas que garanticen la educación de calidad.

Mientras que las representantes indígenas pidieron recibir, en su lengua materna, “lo relativo a nuestros derechos políticos para contar con apoyo en el acceso a cargos públicos y de elección popular, así como poder ejercer plenamente nuestro derecho a la propiedad de la tierra”.

También demandaron a los representantes populares, locales y federales, las adecuaciones a los diversos ordenamientos jurídicos, para que se establezcan mecanismos de defensa de sus derechos político-electorales y contra la violencia política de género.

Además urgieron para que se incorpore en la legislación electoral como causal de nulidad la violencia política en contra de las mujeres indígenas.