El Gobierno de Miguel Ángel Riquelme pudo haber sido políticamente un infierno como lo fue el casi medio año transcurrido entre su elección y el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que la ratificó una semana antes de rendir protesta.

El Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC), liderado por los excandidatos Guillermo Anaya (PAN), Armando Guadiana (Morena) y Javier Guerrero (independiente) movilizó a legiones en ciudades grandes, medianas y pequeñas e incluso acudió a la Organización de Estados Americanos para denunciar el “fraude” y pedir la anulación del proceso ganado por el PRI por un margen estrecho. El Instituto Electoral de Coahuila confirmó su papel de marioneta del poder.

Coahuila y Estado de México eligen gobernador antes de las presidenciales. El PRI había arrasado siempre, pero en 2017 ganó por los pelos. El FDC impugnó el triunfo de Riquelme, y Delfina Gómez, de Morena, el de Alfredo del Mazo. Tras meses de marchas y protestas en ambas entidades, el presidente Peña Nieto recibió a Del Mazo en Los Pinos el 15 de agosto. El mensaje parecía obvio: “Estado de México para el PRI y Coahuila para el PAN”, fue la lectura de la reunión de los primos Peña y Del Mazo.

Catorce días después –eternos para los protagonistas– las puertas de la residencia oficial se abrieron para el Gobernador electo de Coahuila. Las oposiciones protestaron en uno y otro caso, pues las elecciones estaban impugnadas. El TEPJF le dio al final gusto al Presidente y confirmó las victorias del PRI.

Sin embargo, la alternancia frustrada hace cuatro años podría conseguirse en 2023. La secretaria de Educación, Delfina Gómez, con toda seguridad, volverá a ser postulada por Morena. En Coahuila, la derrota del senador Armando Guadiana, quien compitió por la Alcaldía de Saltillo, abrió el abanico. La gubernatura se decidirá entre los partidos guinda y tricolor.

¿Qué libró a Riquelme Solís –próximo a rendir su Cuarto Informe– del infierno? Reconocer su circunstancia y salvarla para salvarse, de acuerdo con la filosofía de Ortega y Gasset, así como admitir la fragilidad financiera y política de su Gobierno. Sin dinero, y corto de legitimidad, no podía echar las campanas al vuelo ni anunciar grandes proyectos.

Tampoco debía buscar culpables –fuera de los Moreira y sus secuaces– por haberlo expuesto a la derrota, emprender purgas ni enfrentar a quienes lo desconocieron. “La sociedad no se alimenta del enojo y del encono. La sociedad demanda resultados. Mi Gobierno se centrará en conseguirlos”, declaró en su toma de posesión en un Congreso acordonado por policías y militares.

De haberse mantenido el FDC en actitud de protesta y denuncia permanente, como Andrés Manuel López Obrador lo hizo después de las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, el margen de maniobra de Riquelme habría sido aún más angosto.

El FDC también estaba agotado y sus líderes se embarcaron en nuevas aventuras: Anaya y Guadiana fueron postulados para el Senado, pero solo ganó el segundo. Javier Guerrero, quien ya había renunciado al tricolor por el “secuestro del PRI” y el acoso de Rubén Moreira, se afilió a Morena. Siempre una elección cerrada y con visos de fraude repercute en la siguiente.

Coahuila retornará a las urnas en 2023 para nombrar al sucesor de Riquelme. Si la ciudadanía vuelve a votar por la alternancia, como lo hizo hace cuatro años, quizá está vez la consiga. Mucho dependerá la trayectoria, antecedentes y alcance de los candidatos. En política nada está escrito sobre piedra.