Ciudad de México.- Azotado desde hace más de 20 años por la pugna de grupos criminales, Michoacán ha sido sometido a ensayos en materia de seguridad que no fructifican.

Más militares y cuarteles, nuevas estrategias y promesas… y hasta ahora no se ha logrado pacificar a la entidad.

En la administración de AMLO se enviaron a Michoacán 3 mil 372 militares, en promedio al año; mientras que en lo que va de la gestión de Sheinbaum se han desplegado mil 310.

El panista michoacano y presidente Felipe Calderón, quien en diciembre de 2006 inició en esa entidad la llamada “Guerra contra el Narco”, desplegó en promedio a mil 593 militares cada año; mientras Enrique Peña Nieto rompió récord al mandar a 5 mil 29 efectivos, para afrontar el levantamiento de grupos de autodefensas que presuntamente buscaban combatir a “Los Caballeros Templarios” y su líder Servando Gómez, “La Tuta”.

En 2014, Peña creó la Comisión para la Seguridad de Michoacán, y designó a Alfredo Castillo como su representante en esa entidad, con la intención de contener a dichos grupos.

Durante los gobiernos de la 4T se han construido 65 bases mixtas para la operación de fuerzas militares y estatales, 23 de las cuales se ubican en la región de Tierra Caliente, donde en menos de dos semanas fueron ejecutados el líder limonero Bernardo Bravo y el Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en medio de una ola incontenible de extorsiones y violencia regional.

Ahora Sheinbaum anunció el “Plan Michoacán por la paz y la justicia”, para lo cual desplegará a integrantes de su gabinete en la entidad, quienes junto con autoridades locales buscarán soluciones a los problemas michoacanos.

Durante el primer mes del actual Gobierno, en octubre del 2024, la Secretaría de Seguridad federal, de Omar García Harfuch, reportó haber iniciado un operativo para contener las extorsiones contra limoneros.

Pero el crimen y las ejecuciones han continuado.