Cualquier ciudadano medianamente politizado, informado de los asuntos públicos y la política local pensaría que, pese a todo, somos un estado de instituciones, con edificios de cantera, oficinas con emblemas, fotografías del líder en turno en las paredes, escritorios, computadoras y funcionarios uniformados que tramitan y resuelven cosas.

En esa normalidad burocrática, sin conocer a fondo estructuras orgánicas ni atribuciones legales, ese ciudadano medianamente politizado podría pensar que, además de repartir despensas y efectivo, los tres órdenes de Gobierno mantienen algún tipo de mecanismo de control para evitar en la medida de lo posible que se desborde la corrupción entre los suyos.

Cuál sería la sorpresa para ese hipotético habitante de Coahuila si supiera que dos de nuestros presuntos acicates en la entidad, la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, sirven para dos cosas y a juzgar por sus resultados, su actividad pública es completamente prescindible.

El asunto no es menor. El pasado jueves en Saltillo se desarrolló la tercera Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, con representación de 26 entidades federativas, entre un rosario de justificaciones y excusas. “Hay que esperar que madure esta institución para que se puedan tener casos”, dijo la fiscal Anticorrupción de la Fiscalía General de la República, María de la Luz Mijangos. “No podemos medir la eficacia de las fiscalías anticorrupción con sentencias ejecutoriadas”, señaló por su parte Jesús Homero Flores Mier, el fiscal de la materia en Coahuila.

En este último caso, el de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado, si no fuera trágico sería cómico: acumula en su existencia 323 carpetas de investigación activas, de las cuales 280 no han trascendido y acaso el dato más importante: no hay ninguna sentencia por corrupción.

Luego está, como se ha dicho antes, la Auditoría Superior del Estado: un órgano del Poder Legislativo que presenta informes anuales, trimestrales y avances de cuenta pública. Hace observaciones, señala irregularidades. Todo ente que recibe dinero público en Coahuila pasa por su lupa. Está, por tanto, siempre activo y en movimiento. Sin embargo nadie termina sancionado pese a existir elementos técnicos que suponen responsabilidad. Es, en pocas palabras, una navaja sin filo. Una dentadura sin dientes. El petate del muerto.

Me explico. Algunos tenían la expectativa de que, una vez expedidas las nuevas reglas el Sistema Nacional Anticorrupción, en 2016, cambiaría el proceder y particularmente los resultados de las dependencias arriba mencionadas.

No ha sido así. Desde que la Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene vigencia, es decir, el 18 de julio de 2017, la Auditoría Superior del Estado ha iniciado 764 procesos de investigación, también conocidos como expedientes de presunta responsabilidad administrativa, de los cuales concluyó sin sanción 671, y 93 continúan en trámite, con fecha al 17 de junio de 2021.

Ninguno de ellos, cabe señalar, ha sido turnado al Tribunal de Justicia Administrativa, otro elefante blanco cuyo caso ha sido documentado en este mismo espacio (existe desde septiembre de 2017 y absorbe 52 millones 589 mil 856 pesos en presupuesto al año).

Y en el ramo penal la historia no es diferente. Entre enero de 2019 y marzo de 2021, por ejemplo, la ASE presentó ocho denuncias penales en la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, de las cuales siete permanecen en “carpeta de investigación”. En la congeladora, pues. No obstante, su relación con la Fiscalía General del Estado se pone peor: de 89 denuncias realizadas, en 26 se determinó el no ejercicio de la acción penal, y 63 continúan activas (por no decir otra vez ‘congeladas’).

Cortita y al pie

Hay que decirlo con todas sus letras: simplemente simulan. Su existencia se reduce a la doctrina Laissez Faire: dejar hacer, dejar pasar. El auditor no audita ni nadie audita al auditor, y el fiscal no fiscaliza ni nadie fiscaliza al fiscal.

Simular en Coahuila es forma de vida. Costumbre. Manía. Pasatiempo. Negocio. Todo a la vez. Aunque justo es decirlo: no se trata de una situación exclusiva del estado, sino el denominador común en sus pares de las entidades federativas, salvo curiosas excepciones.

No se peca de radical, pero el tema es muy sencillo: si eliminamos el Sistema Estatal Anticorrupción de tajo ni siquiera lo notaríamos. Nadie los extrañaría. El mundo seguiría su curso y otra vez saldría el sol al día siguiente. Y ahorraríamos millones de pesos al año, de los cuales el 75 % se fuga en “servicios personales”.

En su defensa dirán que no entendemos la función que desarrollan. Que sus atribuciones están mal entendidas. Que se trata de andamiaje, de construir redes, de vinculación. Cualquier cosa que suene interesante e implique disfrazar de actividad académica lo que no tiene ni tendrá resultados concretos.

La última y nos vamos

Si la solución no es quitarles autonomía ni presupuesto, y mucho menos desaparecerlos como haría el Gobierno federal, ¿qué hacemos entonces con ellos?