México necesita construir 4 mil megavatios (MW) de capacidad de generación de electricidad al año para lograr un crecimiento económico de 2% anual. Se requerirá más, si queremos crecer más. Debe ser electricidad limpia y barata, de lo contrario se convertirá en un lastre.

Las empresas privadas no están invirtiendo por la incertidumbre jurídica creada por el propio Gobierno. La Comisión Federal de Electricidad está proponiendo proyectos que no alcanzan ese objetivo, pero no los está concretando. Para utilizar una frase beisbolera, “ni picha, ni cacha, ni deja batear”.

Las autoridades dicen que hay capacidad suficiente, pero mucha proviene de plantas viejas, contaminantes, ineficientes y caras. Si entra en vigor la reforma constitucional, o si se mantiene la actual incertidumbre jurídica, habrá un peor servicio para los consumidores, que sufrirán más apagones y dañinas oscilaciones de energía.

La CFE tendrá que pagar más por la electricidad y deberá trasladar estos costos al consumidor o aumentar los subsidios a los consumidores.

México tenía, el 31 de diciembre de 2019, según el Gobierno, una capacidad instalada de 79 mil 599 MW para una demanda máxima de 50 mil MW. Mucha de esta capacidad, sin embargo, es cara, ineficiente y contaminante.

El 15.78% es “térmica convencional”, principalmente de combustóleo, y el 6.76% viene de carboeléctricas. Estas dos tecnologías, las más obsoletas y contaminantes, representan 17 mil 942 MW.

La capacidad hidroeléctrica es 15.85%, 12 mil 616 MW. Esta sí es energía limpia, pero no disponible todo el tiempo, porque el agua de las presas se usa para muchos propósitos.

Las hidroeléctricas aportan 9% de la electricidad, pero el presidente López Obrador dice que con su reforma constitucional pasarían de inmediato a 18% al darle preferencia a la CFE sobre las empresas privadas. Esto, sin embargo, es imposible.

Para empezar, no va a aumentar el número de presas. La instalación de nuevas turbinas seguramente subirá la capacidad, pero no duplicará la generación. El reemplazo de turbinas, además, depende de que los fabricantes obtengan financiamiento para los proyectos, ninguno de los cuales se ha concretado todavía.

Un especialista en el sector me explica que en el corto plazo la CFE quizá logre un aumento de 240 MW en energías limpias por la modernización de las turbinas de las hidroeléctricas, más 200 MW por una fotovoltaica de Puebla y 120 MW por la de Puerto Peñasco, Sonora.

En plantas de ciclo combinado, construidas por empresas privadas para la CFE, se planean 4 mil 500 MW, pero no anualmente, sino en el resto del sexenio. Estas generadoras, sin embargo, no están financiadas y la CFE no tiene recursos para pagarlas al contado. Por otra parte, las plantas tardan de tres a seis años en concluirse.

Coincido con AMLO en que hay disposiciones de la reforma de 2013 que deben cambiarse. Los certificados de Energía Limpia, por ejemplo, eran razonables cuando las energías renovables eran más caras que las tradicionales, pero ya no lo son. Negar estos certificados a las hidroeléctricas no tiene mucho sentido: su energía es limpia.

El problema es que, en lugar de construir sobre lo que funciona, el Gobierno está tratando de acabar con todo el mercado de electricidad. Esto impide las inversiones productivas, pero no solo en electricidad, también en manufacturas, que requieren hoy electricidad limpia y barata.

Aportación
En otros países, las petroleras aportan regalías e impuestos a la sociedad. Aquí es lo contrario. Ayer Hacienda anunció una aportación de 3 mil 500 millones de dólares a Pemex para reducir su deuda. Son 73 mil 500 millones de pesos que podríamos usar para beneficio de la sociedad.