ACiudad de México.- Un juzgado federal se negó a reinstalar a José Antonio Romero Tellaeche como director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

El juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa admitió ayer a trámite una demanda de amparo para impugnar su remoción del cargo, pero se negó a concederle una suspensión provisional.

La titular de la Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz, fue quien ordenó su destitución el lunes pasado, para designar en su lugar, de manera interina, a Lucero Ibarra.

La negativa de suspensión era previsible, pues para cuando promovió el amparo, el martes pasado, Romero Tellaeche ya había sido removido un día antes.

En su demanda, Romero Tellaeche impugna “actos fuera de juicio” y señala como acto reclamado específico su destitución como director.

Las suspensiones, por regla general, no pueden tener efectos restitutorios, máxime tratándose de la permanencia en cargos públicos de este tipo.

Romero Tellaeche podrá impugnar la negativa ante un tribunal colegiado, que tendrá 48 horas para resolver.

La suspensión provisional fue negada por Iván Torres Rivera, secretario encargado del juzgado en ausencia del titular, Víctor Luna Escobedo.

El 6 de febrero se resolverá sobre la suspensión definitiva.

La admisión del amparo implica que la Secihti tendrá que defender ante el Poder Judicial la legalidad de la remoción de Romero Tellaeche, un economista que llegó a la dirección del CIDE en 2021 como parte de una maniobra que la comunidad académica consideró una imposición de la entonces titular del Conahcyt (hoy Secihti), María Elena Álvarez Buylla, y del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“

La legislación vigente establece que la remoción anticipada de la persona titular de la Dirección General únicamente puede tener lugar cuando se acrediten fehacientemente causas legales expresamente previstas, y mediante resolución adaptada en sesión formal del Órgano de Gobierno, debidamente convocada”, afirmó el exdirector luego de serle notificada su destitución. “Reitero mi plena disposición a seguir desempeñando las funciones que me han sido conferidas, con estricto apego al marco jurídico aplicable”, agregó.

Si bien la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación faculta a la titular de la Secihti para nombrar a los directores generales de los Centros Públicos de Investigación, como el CIDE, el Artículo 95 indica que sólo podrán ser removidos “por votación unánime” del Órgano de Gobierno respectivo.

Romero Tellaeche podría demostrar que la remoción fue ilegal, y eventualmente obtener una sentencia que ordene su reinstalación, pero todo el proceso para llegar a un fallo inapelable puede tomar de seis meses a un año. De ahí la relevancia de la suspensión.

Para defender la destitución, Ruiz acusó al economista de no presentar su informe de autoevaluación durante 3 años al Consejo Académico y la Asamblea General del Personal del CIDE, “previo a su presentación ante el Órgano de Gobierno”, contraviniendo sus obligaciones por ley, además de constantes inconformidades en su contra por parte de estudiantes, académicos y trabajadores del Centro, acusado de violencia de género y acoso laboral.

En tanto el Poder Judicial analiza la legalidad de la remoción impugnada, la dirección, por lo pronto, ya la encabeza Ibarra, lo cual ha arrojado beneplácito en la comunidad.