Ayer lunes, el presidente López Obrador negó que el “decretazo” que firmó para ocultar los gastos de sus obras faraónicas, sea parte de un golpe de Estado promovido desde su Gobierno.

Dijo que se trata “de una desproporción” que sus críticos califiquen como “golpe de Estado” el decreto que aprobó para acelerar las obras del Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía.

Horas antes, la mañana del domingo 12 de diciembre, en exclusiva para el diario digital Contrapeso Ciudadano, publiqué la más reciente entrega de Al Tiempo, con el título, Decretazo y Golpe de Estado.

No tengo certeza si López Obrador respondía a esa entrega de Al Tiempo o si se trató de una descalificación en general –como es su costumbre– lo cierto es que documenté de manera irrebatible las razones porque el “decretazo” es, en realidad, un “golpe de Estado”.

Un “golpe” que no solo violenta el orden constitucional mexicano –por instrucción del mismísimo Presidente– sino que en los hechos establece de facto un Gobierno paralelo; un Gobierno militar.

Y es que algunas de las más aceptadas definiciones de “golpe de Estado” señalan que se trata de una violación deliberada y sistemática del orden constitucional, llevada a cabo por agentes del propio Estado; sea el jefe de las instituciones, los poderes políticos o los militares.

Y el “golpe de Estado” puede ser un “golpe violento”, un “golpe blando” o, incluso, un

“autogolpe”.

Y en el caso del “decretazo”, el Presidente mexicano ordenó violentar la Constitución al establecer, por decreto, que sus obras faraónicas son “de interés público” y que deben ser consideradas como “de seguridad nacional”.

Es decir, que nadie podrá preguntar nada, saber nada, indagar nada y buscar nada sobre el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el aeropuerto Santa Lucía; algo así como entregar por decreto, a militares y marinos no solo el Gobierno sino una patente de impunidad para robar y violar la Constitución.

Y eso, aquí y en cualquier democracia que se respete, es un vulgar e ilegal “golpe de Estado”. Pero en realidad el Presidente mexicano se ha convertido en un experto en promover sistemáticos “golpes de Estado” a lo largo de sus 36 meses de Gobierno; golpes que intentan hacer creer a los ciudadanos que es normal la violación constitucional por parte del Gobierno y que es normal entregar el poder civil a los militares.

Pero vamos por partes. El primer “golpe de Estado” fue contra el NAIM, ya que con una consulta ilegal y previa a que López Obrador asumiera el poder, decidió destruir el aeropuerto de Texcoco, con el argumento de que era producto de una escandalosa corrupción, la cual nunca probó.

El segundo “golpe de Estado” lo lanzó AMLO contra la Suprema Corte, al empujar la renuncia inconstitucional del ministro Eduardo Medina Mora.

El tercer “golpe de Estado” fue lanzado contra Rosario Robles, cuyo encarcelamiento violenta todas las normas constitucionales e ilegales, hasta convertir a la señora en presa política.

El cuarto “golpe de Estado” fue lanzado contra la CNDH; institución capturada de manera grosera e inconstitucional.

El quinto “golpe de Estado” lo lanzó López Obrador contra el INE y sus consejeros, a los que ha fustigado de manera sistemática para robarse las elecciones.

El sexto “golpe de Estado” cayó contra las elecciones intermedias de junio, en donde el Presidente ordenó llevar a cabo un fraude de escándalo con la ayuda de los más importantes cárteles criminales.

El séptimo “golpe de Estado” fue a la salud en México, ya que frente a la pandemia, el criminal Gobierno de Obrador hizo a un lado el mandato constitucional y “para garantizar la salud” de los mexicanos colocó a un incondicional pero inútil –como López-Gatell– que en pocos días será echado del Gabinete, ya que se ha convertido en un lastre para AMLO.

Y el crimen de Estado del Presidente es más escandaloso si se toma en cuenta la negativa a entregar medicinas contra el cáncer para miles de niños.

El octavo “golpe de Estado” lo cometió el presidente en la Fiscalía General de la República, en donde colocó a un lacayo como Alejandro Hertz Manero, con una enfermedad aún peor que la enfermedad mental del Presidente. El fiscal Manero también dejará en cargo de un momento a otro, ya que también es un problema para Obrador.

El noveno “golpe de Estado” lo cometió contra la seguridad de los mexicanos, al claudicar en la lucha contra la violencia y el crimen.

Y el décimo “golpe de Estado” es, como ya se dijo, el “decretazo”, que escandaliza al mundo porque coloca a AMLO en calidad de “tirano bananero”.

Así o más claro que López Obrador es un Presidente

golpista.

Al tiempo.