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No fuimos Dinamarca

Por Peniley Ramírez

Hace 4 meses

En Guelatao, Oaxaca, la gente arma rifas para comprar papel y detergente para su único centro de salud. En el hospital de Xoco, en la Ciudad de México, las enfermeras calculan las dosis de insulina para pacientes con diabetes porque no tienen jeringas adecuadas. Algunas mujeres arman grupos de Facebook para alertar dónde pueden “cazar” vacunas para sus bebés. Y las enfermeras viajan hasta 10 horas a comunidades alejadas para aplicarlas.

Una mujer de 77 años tuvo que esperar tres años para que la operaran de la cadera. Otra se fracturó el brazo y, tras aguardar 10 días por una operación, terminó pagando 80 mil pesos en un hospital privado. Estos son algunos rostros de una tragedia mayúscula que ha ocurrido en México, la tragedia de los recortes a la salud.

Durante meses, la reportera investigativa Nayeli Roldán y su equipo en Animal Político buscaron responder a la pregunta: ¿Nos convertimos en Dinamarca? La comparación no era casual. Poco antes de llegar al Gobierno, López Obrador dijo que México sería, en salud, como los países nórdicos. En cinco años, lo repitió al menos 39 veces. Mientras tanto, su Gobierno recortaba el presupuesto de salud, compraba tarde y mal. Su Administración terminó, revela la investigación, gastando más que el Gobierno anterior, con un servicio mucho peor, que ha dejado en el desamparo a millones de pobres.

Para entender este desastre de la salud pública, la investigación comienza por explicar cómo México pasó de ser uno de los mejores países en vacunación en América Latina, a uno de los peores.

En diciembre de 2018, Hugo López-Gatell, entonces subsecretario de Salud, dijo que comprarían vacunas a través de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud para conseguir mejores precios. El resultado fue catastrófico. En 2019 y 2020, el obradorismo dejó a 6 millones de niños sin vacunas. Prohibió comprar a los proveedores de siempre, alegando que eran corruptos y habían falseado datos. Nunca lo comprobaron. Gatell dijo que puso una denuncia interna contra un proveedor, pero no había registro de ella. Años después, las empresas acusadas de corrupción ganaron al Gobierno en tribunales.

Luego, el Gobierno eligió a la empresa estatal Birmex como proveedora de vacunas. Birmex no tenía capacidad de producirlas, así que las compró a un proveedor en India y trajo a México menos dosis y más caras: con 134 millones de pesos de sobreprecio. La investigación de Roldán incluye testimonios desgarradores de familias buscando vacunas o pagando un dineral por ellas a médicos privados. Como resultado, en la vacuna contra difteria, tétanos y tos ferina, en 2019, México tuvo el mismo nivel de vacunación que Angola. Además, se triplicaron los casos de meningitis y se multiplicaron por cinco los de hepatitis B.

A las personas que ya estaban enfermas les fue aún peor. Medio millón se quedó sin cirugías y 5.7 millones resultaron afectados porque no había suficientes estudios de laboratorios. En los hospitales, con el pretexto de la austeridad, cortaron el dinero para agua, esterilizadores y rayos X. Dejaron a 44 millones de personas sin consultas, casi cuatro veces la población de Cuba.

La investigación mezcla un minucioso seguimiento documental y un extenso trabajo de campo, que llegó a rincones muy pobres de México, donde la salud pública es la única opción. Allí, Roldán encontró qué significa, en el terreno, que se recorte dinero para agujas, material de sutura, ultrasonidos, diálisis y sillas dentales. Quizá los casos más sonados de estos recortes son las personas que han muerto o han quedado atrapadas en elevadores de hospitales en Playa del Carmen, Veracruz y Puebla.

Y los más afectados son pobres. Roldán encontró que, solo en 2019, el Gobierno no surtió 15 millones de recetas. Más de mil personas han conseguido amparos para que los atiendan. La mayoría, en cambio, no puede costear una defensa legal.

Gran parte del problema es la desaparición del Seguro Popular y la no sustitución por algún servicio que funcione. El gran misterio es dónde quedaron 157 mil millones de pesos, más que el presupuesto inicial para el Tren Maya, que el Gobierno sacó de un fondo para el cáncer y nadie sabe en qué se gastó. ¿Dónde está ese dinero y todo el resto del dinero que se ha ahorrado en salud? No lo sabemos.

 

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