Representa la primera operación del año. Y en este caso, del trienio. Cuando las expectativas son mayores y el ánimo popular acompaña de manera natural a una nueva administración. Esperanza, por qué no decirlo.

Y si quien enarbola el movimiento político agita el discurso de la transformación, simbolizado en el machacón “no somos iguales” para compararse con los gobiernos que le han precedido, estigmatizados especialmente por la corrupción, la curiosidad -por llamarle de alguna manera- es mucho mayor.

Por ello la relevancia del caso que atañe al Gobierno Municipal de Ciudad Frontera encabezado por el Alcalde de Morena, Roberto Clemente Piña Amaya.

Ahora bien, los hechos que constituyen materia periodística, publicados ayer en las ediciones de Grupo Zócalo, se pueden resumir de la siguiente manera: el pasado 28 de marzo fueron facturados dos vehículos para el servicio de limpia pública, modelos 2014 y 2015, uno por 2 millones 701 mil 547 pesos y otro por 2 millones 585 mil 547, señalando como proveedor a la sociedad mercantil Importaciones Materiales y Construcciones, S.A. de C.V, la cual pertenece al monclovense Gerardo García Farías.

Pero resulta que dichas unidades en realidad provienen, una de ellas, de una subasta por internet realizada el 9 de marzo de 2021 por Logistic Valuation & Auctions, empresa de la Ciudad de México, quien remató un camión Freightliner emplacado en Tlaxcala como parte de un lote ubicado en un patio de maniobras en Tlalpan, a la intemperie, en 560 mil pesos. El otro, un International emplacado en Tabasco, procede del Ayuntamiento de Teapa, en aquella entidad, quien lo desechó de su inventario en condiciones de chatarra durante la gestión que concluyó en 2021.

Y el valor en el mercado entre ambos, por tanto, supera apenas el millón de pesos ya que no se cobró el IVA en la operación, como informó la empresa de subastas en la puja. A lo anterior habría que agregar los gastos de traslado hasta Ciudad Frontera, estimando como precio total 1.2 millones de pesos en el escenario más caro. Ello supone una “ganancia” de por lo menos 4 millones de pesos en el negocio.

Y si agregamos el antecedente de que Piña publicó en su cuenta de Facebook el 31 de diciembre de 2021 una fotografía junto a los referidos camiones, es decir, un día antes de tomar posesión de la Alcaldía, cuando no tenía facultades de adjudicación todavía (sin contar que todo asunto debe pasar previamente por el Cabildo), el círculo se cierra.

También es cierto que “Beto” Piña –como le conocen– no se cuece al primer hervor ni transita por la curva de aprendizaje que deben recorrer otros ediles al asumir el cargo, ya que fungió como secretario particular del Presidente Municipal de Monclova en el trienio panista 2019-2021, Alfredo Paredes.

Previamente acompañó al candidato independiente a la Gubernatura de Coahuila, Javier Guerrero García, como su coordinador de campaña en la Región Centro de Coahuila, y siendo ambos priístas desempeñaron labores en conjunto en la Secretaría de Desarrollo Social federal, bajo el mandato de Rosario Robles Berlanga, y en la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de Coahuila, durante la gestión de Rubén Moreira Valdez.

Así que con experiencia profesional en distintos ámbitos del servicio público federal, estatal y municipal, por tanto, no se puede achacar a un error de procedimiento no previsto, o a una novatada, el hecho de que facturó al nombre del Ayuntamiento de Frontera dos camiones usados (particularmente cuando él ha sido chofer de transporte de carga en el pasado, y por tanto no le resulta desconocido el tema) con un sobreprecio estimado en alrededor de 4 millones de pesos, lo cual constituye un probable delito de fraude al erario.

Otro que tampoco puede eludir su responsabilidad en el asunto es el tesorero municipal, Carlos Acosta García, quien ocupó el mismo cargo durante la Administración de Fernando de la Fuente Villarreal, en Monclova, en el trienio priísta del 2000 al 2002.

Vinculados por su responsable financiero, Roberto Piña y Fernando de la Fuente coinciden también en la promoción electoral de Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno federal y aspirante de Morena a la candidatura a Gobernador del estado.

Cortita y al pie

En cuerda por separado, el hijo del socio mayoritario en Importaciones Materiales y Construcciones, S.A. de C.V. (la razón social usada en la facturación de los camiones), Gerardo Job García Suárez, es apoderado legal de Garsu Constructora y Arrendadora de Maquinaria, S.A. de C.V., con domicilio en Monclova, quien ha facturado al Municipio de Frontera 6 millones 21 mil 163 pesos de abril a julio de 2022 vía siete comprobantes fiscales en poder de quien esto escribe por adjudicaciones directas de “caminos revestidos con escoria o material de molino”.

Una cantidad a todas luces inusual por el concepto que dice ser.

La última y nos vamos

Y si piensa usted que se trata de un evento aislado, producto de la casualidad, se llevará una sorpresa cuando se entere que, más bien, es el denominador común. Ojo.

No podía saberse.