Ciudad de México.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó revisar la reforma judicial promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por el Congreso en septiembre de 2024, luego de que jueces y magistrados solicitaron el análisis de dicha modificación constitucional.

Los promoventes aseguraron que la reforma judicial implicó un posible conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Congreso en contra del Poder Judicial de la Federación y, por consiguiente, vulneró el principio de división de poderes y la independencia judicial.

“Estas promociones formaron parte de diversos intentos dirigidos a someter la reforma constitucional en materia del Poder Judicial al escrutinio jurisdiccional, algunos de los cuales fueron admitidos por la mayoría de la anterior integración de la Corte”, criticó la ministra Lenia Batres, ponente en el asunto.

La nueva integración de la Corte aprobó por unanimidad el proyecto de la ministra Batres, que propuso dejar sin materia la solicitud luego de que la mayoría legislativa de Morena y sus aliados reformaron la Constitución para prohibir que la SCJN pueda revisar la constitucionalidad de enmiendas a la Carta Magna.

“Es inconstitucionalmente improcedente pues existe una restricción expresa que prohíbe llevar a cabo la revisión pretendida de la Constitución Política. El 31 de octubre de 2024 se publicó el decreto constitucional en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la propia Constitución”, explicó la ministra ponente.

La ministra indicó que la Suprema Corte tiene el papel de garante de la Constitución “y no la vía para su anulación”.

El ministro Giovanni Figueroa Mejía compartió el criterio que la solicitud hecha por jueces y magistrados quedó superada luego de la entrada en vigor de la reforma que prohíbe impugnar reformas a la Constitución.

Sin embargo, pidió que la nueva integración de la Suprema Corte no desconozca la sentencia emitida por los anteriores ministros al aceptar a trámite esta consulta de jueces y magistrados.

La ministra Yasmín Esquivel se pronunció a favor de desechar la consulta, pero en razón de que la reforma judicial ya fue consumada al realizarse la primera elección de jueces, magistrados y ministros.

También se unió a la solicitud del ministro Figueroa Mejía, a la que se sumaron únicamente los ministros Arístides Guerrero García y Loretta Ortiz Ahlf.

La ministra Batres Guadarrama defendió la redacción de su proyecto de sentencia al considerar que son una nueva integración y tienen libertad de reinterpretar las leyes.

Con esta decisión de la Suprema Corte, quedaron resueltos todos los intentos por cuestionar la constitucionalidad de la reforma judicial dentro del marco jurídico nacional; por lo que únicamente queda el proceso que iniciaron diversos jueces y magistrados ante el sistema interamericano de derechos humanos.

Con información de Latinus.