El moreirato lleva más de 18 años, comprendidos entre los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira y Miguel Riquelme. El cacicazgo, en extinción, no tiene la misma influencia, pero aún conserva cotos de poder en el Tribunal de Justicia y en la sección V del SNTE, donde Carlos Moreira mueve los hilos. Álvaro, el menor de los hermanos, ocupa un asiento en el Congreso por segunda vez consecutiva. Bendita reelección. Humberto regresó a Saltillo después de pasar una larga temporada a salto de mata. Rubén vive fuera desde que terminó su Gobierno. El clan arrasó, cual plaga de langostas, con las finanzas del estado y dejó en ruinas el sistema de pensiones. El abandono de los hospitales y la carencia de medicamentos y servicios básicos afectan a miles de maestros y sus familias.

El nepotismo es fuente de corrupción e injusticia. El moreirato representó para Coahuila una de sus peores épocas. El envilecimiento de las instituciones políticas favoreció la operación de cárteles y una espiral de violencia sin precedente. Las masacres en Allende y Piedras Negras —denunciadas ante la Corte Penal Internacional—, las desapariciones forzadas y las fosas clandestinas en La Laguna dejaron una estela de rabia, dolor e impotencia que el tiempo no borra. La indignación de las familias ha sido ignorada por las autoridades, más preocupadas en cubrirse las espaldas que en procurar justicia. Por absurdo que parezca, no hay detenidos. Netflix documenta parte del horror en la serie “Somos”.

Los excesos en la primera etapa del moreirato obligaban a un mínimo de recato en la segunda. Sin embargo, al populismo demagógico de Humberto Moreira siguió la soberbia del hermano cuya idea de “o césar, o nada” le ocasionó al estado nuevos y mayores males. Rubén le jugó el dedo en la boca al Congreso cuantas veces quiso. Frente a la demanda del diputado del PAN, Fernando Gutiérrez, en un informe de Gobierno, para investigar la “megadeuda”, el Gobernador propuso una comisión especial. Nunca se integró. Las denuncias de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por la contratación ilegal de créditos duermen aún el sueño de los justos. Pura simulación, silencio y complicidad.

El 7 de julio de 2020 —tercer año de la administración de Miguel Riquelme, quien había pedido a los medios de comunicación pasar página al “moreirazo” como si fueran cacahuates— el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte publicó el reportaje “Frontera de Papel: Desvíos de Empresas Fantasma en el Norte de México”. Entre 2014 y 2019 los estados y municipios de la región (Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Baja California Sur) “facturaron al menos 2 mil 628 millones de pesos (unos 120 millones de dólares) con 536 empresas fantasma”, revela la pesquisa de Miriam Ramírez.

Coahuila malversó alrededor del 28% de los recursos: 680 millones en la administración de Rubén Moreira; y 43 millones, en la de Riquelme. En junio de 2022, un juez federal vinculó a proceso al exsecretario de Finanzas, Ismael Ramos, por distraer 475 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), como si decisiones de esa magnitud las tomara un subalterno y no la cabeza. En el Gobierno de Enrique Peña Nieto se desviaron 650 millones de pesos para financiar campañas políticas del PRI mediante un esquema similar denominado Operación Safiro. Tres figuras clave de la trama fueron: el exgobernador de Chihuahua, César Duarte (encarcelado después por otros delitos); el exlíder del PRI, Manlio Fabio Beltrones; y Antonio Tarín García, exoperador de Duarte, quien se suicidó el 7 de abril de 2023 al arrojarse desde de un puente.