Xalapa.- El gobernador panista-perredista Miguel Ángel Yunes Linares informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo orden de aprehensión en contra del exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras por su probable participación en “desaparición forzada” y entorpecimiento en la investigación de este delito que fue una constante en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la FGE durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa.

En rueda de prensa posterior a la realización del Grupo de Coordinación Veracruz (GCV), Yunes Linares también informó que el gobierno ofrece una recompensa de hasta cinco millones de pesos para quien coadyuve en la ubicación y detención de Bravo Contreras.

Según Yunes Linares, Luis Ángel Bravo ordenó “ocultar” el hallazgo de 13 cuerpos en la barranca conocida como La Aurora, así como por “ordenar alterar” la escena del crimen.

“El día 19 de enero del 2016 fueron localizados los restos de al menos 19 personas. Esos cuerpos habrían sido arrojados por servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Él públicamente admitió el hallazgo de sólo seis cuerpos, de los 13 cuerpos que ocultaban”.

Yunes señaló que incluso el cuerpo del expolicía estatal David Lara Cruz, quien fue privado de la vida por sus mismos compañeros, fue removido de La Aurora a una congregación de Alto Lucero.

En la reconstrucción de hechos de esta aceitada red para desaparecer personas, Yunes Linares señaló que los 12 cuerpos restantes que no fueron reportados ni al Servicio Médico Forense, ni a la opinión pública, fueron entregados al entonces secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita –ya en prisión por el delito de desaparición forzada– por instrucción directa de Luis Ángel Bravo Contreras, hoy buscado por la justicia y por Rosario Zamora, exdirectora de Investigaciones Ministeriales recientemente detenida por el delito de desaparición de personas.

En el sexenio de Javier Duarte, Bravo Contreras fue presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y fiscal general del estado (FGE) a propuesta del propio exmandatario.

Ya en el gobierno de Yunes Linares, Luis Ángel Bravo regresó a su despacho para litigar en Córdoba, su ciudad natal.

Bravo Contreras solía presumir su amistad con el panista Diego Fernández de Cevallos, a quien solía llamar “mi jefe Diego”.