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Grupo Zócalo
Publicado el miércoles, 18 de febrero del 2026 a las 20:10
Ciudad de México.- La impunidad en casos de feminicidio y violencia sexual se expande mientras los Estados reducen presupuestos destinados a proteger a mujeres y niñas. La advertencia vino de la Naciones Unidas, a través de su relatora especial sobre la violencia contra las mujeres, Reem Alsalem, quien encendió las alertas durante su visita al Senado.
En reunión con la Comisión para la Igualdad de Género, Alsalem fue clara: las leyes sin presupuesto son promesas huecas. “Una norma que no cuenta con recursos ni con una estructura adecuada para aplicarse no produce resultados”, sostuvo. Detrás de cada estadística, añadió, hay víctimas que no encuentran puertas abiertas ni rutas claras de atención.
La relatora describió un panorama preocupante. Mujeres que denuncian y se topan con prejuicios en ministerios públicos y juzgados; niñas que no saben a qué institución acudir; refugios con recursos cada vez más limitados. “Persisten fallas en los mecanismos de referencia. Las víctimas llegan y nadie sabe a dónde canalizarlas. Sin rutas que funcionen, la protección se diluye”, advirtió.
Alsalem también vinculó el problema con las medidas de austeridad adoptadas en diversos países. Según explicó, los recortes presupuestales —acompañados en algunos casos por un aumento en la militarización— han reducido los fondos disponibles para atender a poblaciones vulnerables. “Hay menos recursos para casas de acogida, para órdenes de protección y para prevenir el feminicidio. Eso es grave”, subrayó.
La funcionaria internacional insistió en que las reformas legales deben ir acompañadas de inversión suficiente para enfrentar delitos como el abuso sexual, la prostitución forzada y la venta ilegal de menores. Sin esa base material, dijo, la impunidad se convierte en norma.
En la recta final de su intervención, Alsalem llamó a avanzar en marcos legales que criminalicen la compra de niños y regulen prácticas como la gestación subrogada, con el fin de evitar nuevas formas de explotación.
El mensaje fue directo: sin recursos, coordinación institucional y perspectiva de género real en policías y jueces, la justicia seguirá siendo una promesa distante para miles de mujeres y niñas.
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