El periodista Gerardo Moyano advierte en la nueva edición de Espacio 4 que “En México, la justicia cojea de su pata más política. Mientras los exsecretarios de Finanzas del Gobierno del Estado, Jorge Torres López (2005-2007) y Javier Villarreal (2008-2010), fueron encarcelados en Estados Unidos por lavado de dinero ‘proveniente de las arcas de Coahuila’, el extesorero estatal Ismael Eugenio Ramos Flores (2014-2017) no solo podrá enfrentar en libertad un proceso judicial por el desvío de 475 millones de pesos durante el mandato de Rubén Moreira, sino que tampoco tendría que resarcir el daño al erario.

“Esto, después de que en la audiencia judicial del pasado 22 de junio, la Fiscalía General de la República (FGR) cambiara a último momento la imputación en su contra de ‘peculado’ a ‘uso indebido de atribuciones y facultades’, por lo cual no fue solicitada la prisión preventiva ni garantía económica para la reparación del daño. Tan sorpresivo fue el cambio de carátula, que la defensa pidió un receso de 30 minutos para modificar su alegato, pues ‘veníamos preparados para responder por otro delito’ (Aristegui Noticias, 23-06-22).

“En contraste, tanto Villarreal como Torres no solo fueron encarcelados en Texas mientras se resolvían sus sentencias por lavado de dinero, en lo que se conoce como ‘Conexión Coahuila’ (Espacio 4, 497), sino que como parte de los acuerdos en los que se declararon culpables entregaron a la justicia estadunidense decenas de millones de dólares en propiedades, negocios y cuentas bancarias en paraísos fiscales. Recursos que le pertenecen a Coahuila, pero que nunca fueron reclamados por el Gobierno.

“El sorpresivo giro judicial favorece a Ramos Flores, pues las penas que enfrenta son menores. Las de peculado van ‘de dos años a 14 años de prisión y de 100 a 150 días multa”, más un tercio de las mismas ‘cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones federales’, como podría ser el caso. El delito de ‘uso indebido de atribuciones y facultades’ prevé de seis meses a 12 años de prisión, de 100 a 300 días multa y la destitución e inhabilitación del cargo en caso de que el funcionario estuviera en funciones.

“Si bien la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción no explicó las razones del cambio de imputación, sí solicitó que se confinara la movilidad de Ramos a Saltillo y que acudiera a la Unidad de Medidas Cautelares cada 15 días para firmar su libertad condicionada. Sin embargo, el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Torreón, Benito Edgardo Hernández Luna, le impuso como única medida cautelar no salir del país y entregar su pasaporte y visa estadunidense, bajo el cuestionable argumento de riesgos de contagio de Covid-19. El hecho de que Ramos compareciera por videoconferencia sugiere que el Ministerio Público federal había descartado de antemano la solicitud de prisión preventiva justificada.

“Ramos Flores es el principal imputado por la suscripción indebida de 18 contratos públicos por un monto de 475 millones de pesos que fueron asignados a una red de empresas que compitieron entre sí durante procesos de licitación restringida. La investigación también incluye a Antonio Zerón Puga y Nazario Salvador Iga Torre, quienes se desempeñaron como director general y director de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas del estado.

“Y aunque la FGR no lo menciona, el desvío podría estar relacionado con la ‘Operación Safiro’, como se conoce al esquema que se utilizó para triangular recursos federales al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI a través de los estados durante la Administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Este modus operandi fue el que aplicó el exgobernador de Chihuahua, César Duarte (2010-2016), quien fue detenido en Estados Unidos en julio de 2020 y extraditado a México en junio pasado para enfrentar cargos de peculado y asociación delictuosa con penalidad agravada, entre otros.

“La investigación contra Duarte en Chihuahua pudo avanzar gracias a la llegada del Gobierno de alternancia de Javier Corral (PAN), quien se comprometió desde un principio a llegar al fondo del asunto. En Coahuila, los hermanos Humberto y Rubén Moreira han librado la justicia gracias a la protección del Congreso y a organismos de control apéndices del PRI. Esto podría cambiar el próximo año si Morena pone fin a la hegemonía priista en el estado”.